Existe un procedimiento a seguir a propósito de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para denunciar a Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real.
En principio, cabe señalar que, en su disposición, Pérez —miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato— realiza un requerimiento al fiscal superior coordinador de dicho grupo, Rafael Vela, para que proceda de acuerdo a los procedimientos establecidos. Asimismo, pone en conocimiento de la fiscalía de la Nación —es decir del propio Chávarry— los hechos imputados.
—Lo que seguiría—En ese contexto, el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén explicó a El Comercio que lo que correspondería es que Chávarry se inhiba o excuse de conocer el requerimiento de Pérez, porque él mismo no podría evaluar, tramitar ni derivar la denuncia al fiscal supremo más antiguo, que en este caso sería Pablo Sánchez.
“El problema es si el fiscal de la Nación en funciones se va a excusar o no. Puede quedarse con la denuncia un buen tiempo y eso se va a paralizar. El procedimiento regular sería que se excuse de inmediato para que el fiscal Sánchez realice las verificaciones o corroboraciones indispensables. De ahí, eleva los actuados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin el pronunciamiento del Congreso no se puede realizar ningún tipo de proceso”, señaló Guillén
Al respecto, el abogado penalista y constitucionalista Luciano López indicó que el fiscal de la Nación es uno de los funcionarios públicos con la prerrogativa de antejuicio o juicio político. Esto también es señalado en la disposición de Pérez, en base al artículo 99 de la Constitución Política del Perú.
López también refirió que el presunto encubrimiento se habría dado en el ejercicio de la función como fiscal de la Nación. Pero como Chávarry no se podría denunciar a sí mismo y tiene la inmunidad funcional de antejuicio, tendría que excusarse.
¿Y si Chávarry no se inhibe? “Sería una decisión que estaría afectada a una regla principal del debido proceso que es la imparcialidad o la objetividad del investigador fiscal. Y en este caso no sería al menos una decisión objetiva en la medida de que el señor sería juez y parte. Eso haría que la decisión que él tome esté afectada del debido proceso”, manifestó López a este Diario.
Guillén también apuntó que se trata de un caso similar a raíz del informe de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro, quien sindica a Chávarry como miembro de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El fiscal supremo Pablo Sánchez ha señalado que aún no hay respuesta formal del titular del Ministerio Público que permita dar inicio a una investigación por esa imputación.
De otro lado, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, dijo a RPP que la acción de Pérez “podría querer significar que en verdad sí existe la intención del fiscal de la Nación de sacarlo de los casos que está investigando”.