El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos explicó que dicha institución no puede dejar en situación de “indefensión” a ningún poder del Estado. Por ello, indicó que aplicó el principio ‘pro actione’ para admitir a trámite la demanda competencial que presento Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, por la disolución del Congreso.
“El principio proactione significa que había que dejar a salvo la acción. El TC funciona a partir de un principio que no puede dejar sin defensa a una institución como la Comisión Permanente o el propio Congreso de la República. [O] invocar situaciones que podrían presentar una situación de indefensión a un poder del Estado", dijo a Canal N.
Carlos Ramos, ponente designado para este caso, presentó este martes el auto de calificación de la demanda, en el que recomendó su admisibilidad. El magistrado señaló que consideró necesario un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda.
“Hay cuestiones de fondo en torno a la cuestión de confianza que una sentencia en términos prospectivos, para más adelante, tiene que resolver. Términos sobre cómo debe plantearse una cuestión de confianza, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, la misma actuación del TC en estos casos, que no podían dejarse de resolver”, detalló.
Afirmó que la cuestión de confianza fue diseñada “en el marco de una estructura autoritaria”, en referencia a la Constitución de 1993, elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Consideró que fue “un elemento decisivo con una de sus columnas vertebrales” durante dicho periodo, por lo que hay aspectos “que se tienen que mejorar”. Además, señaló que el TC buscará en la sentencia sobre este caso “crear un escenario en el que se eviten situaciones de un debilitamiento institucional”.
Carlos Ramos reiteró en exhortar al Ejecutivo a responder sobre la demanda competencial en el plazo más breve para fijar la fecha de la audiencia que tendrá lugar en Arequipa. Dijo esperar que el caso quede resuelto en enero.