La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la resolución judicial del 18 de noviembre del 2019 que incorporó al proceso del caso del ‘club de la construcción’ a 16 empresas constructoras.
Diez de estas compañías, entre ellas Andrade Gutiérrez Engenharia, Constructora Málaga Hermanos, Constructora Queiroz Galvao y Superconcreto del Perú, habían apelado la medida dictada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Esa disposición se dio a pedido de los fiscales del equipo especial del Caso Lava Jato en el proceso en que se imputan los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y cohecho activo genérico.
Tras revisar la apelación, la sala declaró infundado el recurso de las constructoras. Argumentó que “los hechos dan cuenta de la participación de las personas jurídicas recurrentes en la comisión de ilícitos penales que les atribuye la fiscalía”.
Agregó que se ha verificado la cadena de atribución asignada a ellas “de modo que este agravio no resulta procedente”.
La sala penal solo declaró fundado el pedido de la empresa Obrascón Huarte Lain y la retiró del proceso.