El fiscal supraprovincial anticorrupción Hamilton Castro Trigoso se encargará del caso de los presuntos delitos de corrupción que habrían cometido empresarios peruanos y ex funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García por la construcción de obras en el país, incluida la carretera Interoceánica.
Según información de “Correo”, el coordinador de las Fiscalías Supraprovinciales, César Zanabria, encargó el caso a Castro Trigoso, quien confirmó la apertura de la investigación fiscal sobre el caso.
De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, la investigación, que tendrá en principio una duración de ocho meses, se llevará “contra quienes resulten responsables”.
En tanto, se supo que el fiscal Castro iniciará los trámites correspondientes para contactar a las autoridades de Brasil que han visto el caso y, así, poder solicitar toda la información que se tenga de las operaciones “Castillo de Arena” y “Lava Jato”, en lo referente al Perú.
Además de Toledo y García, también estaría contemplado convocar como testigos a los ex ministros Hernán Garrido-Lecca, Enrique Cornejo, a ex funcionarios de Sedapal y a los empresarios brasileños que actuaron como intermediarios o representantes de las empresas, entre otros.
CASO SE REABRIRÍA EN BRASILPor otro lado, se supo que el caso “Castillo de Arena”, a partir del cual se supo sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la empresa constructora Camargo Correa para ganar licitaciones, podría reabrirse en Brasil.
Según el portal Convoca, la jefa de asesores del juez brasileño que archivó el caso, Renata Saraiva, indicó que “nada impide la reapertura de la investigación sobre la base de otros elementos”.
En tal línea, explicó que “Castillo de Arena” se cerró antes no por falta de pruebas, como las obtenidas mediante interceptación telefónica o por USB, sino a que parte de estas se consigueron por fuente anónima.
En ese sentido, el ex presidente de la Asociación Nacional de Procuradores de Brasil, Alexander Camanho, declaró que ”la Corte señaló que una denuncia anónima puede iniciar investigaciones preliminares, [...] pero no puede dar lugar a medidas coercitivas e invasivas de la intimidad, como la interceptación telefónica“.
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Plantean crear comisiones investigadoras para casos Interoceánica y Oropeza ► http://t.co/Eeipc7MikR pic.twitter.com/9wUsLwmped— Política El Comercio (@Politica_ECpe) junio 19, 2015