En la acusación de la fiscal Rosana Villar contra Alejandro Toledo por presunto lavado de activos por el Caso Ecoteva, se señala que donaciones de empresas brasileñas y supuestos actos de corrupción ocurridos en su gobierno son las fuentes del presunto dinero ilícito con el que se adquirieron una casa y una oficina en Surco.
Pero otra hipótesis que sostiene la fiscalía sobre la presunta procedencia ilegal del dinero se basa en el supuesto enriquecimiento ilícito de Toledo, cuya investigación fue archivada por el entonces fiscal de la Nación José Peláez.
Según la resolución de la fiscal Villar, esa investigación podría reabrirse, pues no se tomaron en cuenta una serie de datos y hechos ni se realizaron todos los peritajes necesarios.
Así, sobre los ingresos por dictar conferencias internacionales (S/.2’789.237), Alejandro Toledo presentó como pruebas cartas de las instituciones que lo contrataron, pero estos documentos “no fueron confrontados con otras informaciones de carácter oficial como pago de impuesto federal o información tributaria”, dice la resolución enviada al juez Abel Concha, quien deberá decidir si procede la denuncia.
La fiscal agrega que no se consideraron los egresos por estudios, mantención y viajes de las dos hijas de Alejandro Toledo “ni tampoco se señala los egresos que le genera el domicilio de la sociedad conyugal en California”.
Villar dice que de haberse tomado en cuenta “evidenciaría un desbalance patrimonial, de ahí que tomarlo en cuenta como uno de los delitos fuentes tiene sustento formal y legal”. La fiscalía maneja la hipótesis de que los fondos de Ecoteva no eran de Josef Maiman sino del ex presidente de la República.
Toledo guarda silencio El líder de Perú Posible no quiso hablar ayer sobre el dictamen de la fiscalía que ha pedido embargar sus bienes. Se limitó a decir: “Estoy muy desilusionado del Ministerio Público”.
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