Sentada en su despacho, en el tercer piso de un edificio en el Cercado de Lima, la fiscal Marita Barreto responde con prudencia las preguntas de este Diario. No quiere exponer el caso con una declaración sin sopesar. Piensa que los abogados de Rodolfo Orellana están a la espera de cualquier rendija para tumbarse el proceso. “Así como ellos juegan ajedrez, nosotros también tenemos que hacerlo”, dice Barreto, quien toma con calma los resultados obtenidos por su oficina.
En solo seis meses de investigación, Barreto ha logrado lo que ninguno de sus colegas ha podido: poner tras las rejas a Orellana y a los principales cabecillas de esta red: Ludith Orellana y Benedicto Jiménez, entre otros. Además, les ha embargado propiedades que superarían los US$ 1.000 millones. Una de ellas es un terreno en Tumbes de más de 24 mil hectáreas.
Antes de asumir el Caso Orellana,e l 15 de mayo, la fiscal participó en las detenciones de los sicarios de la organización de César Álvarez. Y meses antes, había logrado la prisión preventiva de la ex congresista Nancy Obregón.
Cuando empezó con el Caso Orellana, contaba solo con 70 tomos y menos de 10 sospechosos. Hoy la carpeta cuenta con 220 tomos y 52 investigados por lavado de activos y asociación ilícita. “Mi intención es terminar con la investigación a finales del 2015 y el 2016 concentrar el trabajo en lo que será el juicio oral”, afirma la fiscal.
Entre sus diligencias para el próximo año, la fiscal ha pedido la formación de un equipo multidisciplinario para que realice el peritaje de las pruebas incautadas a Orellana. Este estaría formado por funcionarios de la Sunarp, UIF, contraloría, fiscalía y Sunat. La razón: no darle el pretexto a la defensa de Orellana de que se está haciendo una pericia de parte.