La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional en contra del excongresista Jorge Castro Bravo por los presuntos delitos de concusión y violación de correspondencia.
Según conoció El Comercio, la denuncia fue remitida al Congreso de la República este jueves por la tarde. El primer delito está relacionado “con el presunto recorte irregular de haberes a empleados de su despacho”, mientras que el segundo es por “el supuesto ingreso indebido a una cuenta WhatsApp de una empleada”.
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El exlegislador Jorge Castro fue acusado en abril de 2019 por una extrabajadora de su despacho de cobrar diezmos, según reveló “Cuarto Poder”.
La exasesora parlamentaria Paola Alave Quispe, quien trabajó para Jorge Castro desde setiembre del 2016 hasta abril del 2019, dio a conocer que este la hizo que pagar de su salario el alquiler de la oficina descentralizada del congresista en Tacna, y luego los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento y hasta la compra de diarios.
La trabajadora mostró audios de llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp con Erika Cancino, asesora principal de Castro, quien reconoce el cobro de diezmos no solo a ella, sino a todos los trabajadores del despacho congresal.
Precisamente, en la denuncia a la que accedió El Comercio, se incluye, además de Alave, a otros seis afectados.
“Se le imputa al investigado Jorge Castro haber abusado de su cargo de congresista de la República al obligar o inducir a sus extrabajadores [...] durante julio del 2016 a abril del 2019 a entregar indebidamente parte de sus haberes y otros beneficios laborales, a fin de mantenerlos en sus cargos”, se refiere en el documento enviado al Parlamento.
En su momento, Castro negó la acusación de su excoordinadora, pero luego manifestó que los trabajadores realizaban un aporte voluntario.