La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato informó que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz a través del cual Hernando Graña Acuña, exdirectivo de la empresa Graña y Montero, pagará S/17.7 millones por concepto de reparación civil a cambio de información que contribuya a diversas investigaciones.
El juez John Pillaca aceptó el acuerdo al que arribó la procuraduría, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y el procesado, en la resolución emitida el 22 de diciembre del 2022.
Graña Acuña recibe con esto una sentencia que le prohíbe volver a contratar con el Estado peruano y el pago de una reparación de civil de S/17.7 millones por daños causados al país en los delitos que admitió haber cometido. Este pago deberá hacerse como máximo en 120 días luego de emitida la sentencia.
El exdirectivo de Graña y Montero reconoció delitos de corrupción y deberá aportar información en seis carpetas fiscales como la del caso ‘Club de la Construcción’ y de las investigaciones por los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
“Esta colaboración eficaz es muy importante porque, además de complementar lo dicho por el señor José Graña, fortalece la tesis fiscal en varios casos, cuyos juicios orales ya han empezado o se iniciarán pronto”, señaló la procuradora ad hoc, Silvana Carrión.
El pago de Hernando Graña Acuña se sumará a los S/39.9 millones que pagará José Graña Miró Quesada por su acuerdo de colaboración eficaz recientemente aprobado, y a los S/500 millones que deberá pagar Aenza (antes Graña y Montero) por el acuerdo que fue presentado ante el Poder Judicial en setiembre del año pasado que todavía no ha sido aprobado.
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