El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se pronunció sobre el proceso que sigue la solicitud de extradición contra la exprimera dama Eliane Karp en el marco del Caso Ecoteva.
Indicó que, una vez aprobado en primera instancia, es la Corte Suprema la que debe emitir una opinión consultiva sobre este proceso para posteriormente pasar al Poder Ejecutivo.
“En este caso, apenas el Ministerio Público ha hecho la solicitud al juez, el juez la tramitó y el próximo paso es que llegue a la Corte Suprema para que dé una opinión consultiva sobre el proceso de extradición y luego pasar al Poder Ejecutivo para que el Consejo de Ministros se pronuncie y dé la palabra final si se pide o no la extradición a Estados Unidos”, señaló Lecaros durante la presentación del Expediente Judicial Electrónico.
Agregó que Eliane Karp forma parte de la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo y es el Ministerio Público el que “tiene la facultad de pedir que se tramite una extradición de cualquiera de los investigados”.
Como se recuerda, el último miércoles, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, anunció que ya se aprobó en primera instancia el pedido de extradición para Eliane Karp.
“En el caso Ecoteva, en el que incluso ya se aprobó en primera instancia la extradición no solo de Alejandro Toledo sino también de la señora Eliane Karp y el señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Karp no estaba incluida en el caso, que está sujeto a extradición por parte del Estado Peruano en contra del señor Alejandro Toledo”, dijo en RPP.
En junio pasado la fiscalía formuló acusación contra Toledo, Karp y el ciudadano israelí Avraham Dan On, por el delito de lavado de activos en modalidad agravada y solicitó para los tres 16 años y ocho meses de prisión.
También acusó por el mismo delito a Shai Dan On (hijo de Avraham Dan On) para quien pidió 13 años y cuatro meses; contra el abogado David Eskanazi solicitó 13 años y 4 meses; mientras que para Eva Fernenbug (suegra de Toledo), 10 años de cárcel.
Según la acusación fiscal, en la gestión del expresidente Alejandro Toledo, entre los años 2001-2006, se habrían generado ilícitos provenientes de actos de corrupción en base a pagos de sobornos de empresas brasileñas para la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.