Pedro Castillo: Los otros ministros que también afrontan investigaciones

Hace exactamente una semana, el presidente Pedro Castillo anunciaba la remoción de Jorge López Alvarado del Ministerio de Salud (Minsa), luego de que fuera relacionado a sospechosas operaciones financieras de empleados de su sector que sirvieron en la compra de un departamento de estreno en Jesús María a favor de su expareja y madre de sus hijos. Según Castillo, su decisión era la demostración de la “absoluta transparencia” de su gobierno frente a la revelación de este presunto esquema de enriquecimiento ilícito. El anuncio lo hizo poco después de que el dominical “Punto final” hiciera pública la noticia.

En la actualidad, López ya está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y el inmueble de su expareja fue incautado el martes por el equipo especial de fiscales. De esta manera, el exresponsable del sector Salud se sumó a la lista de exministros de la gestión de Castillo implicados en casos de corrupción, como el prófugo Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Walter Ayala (Defensa). Sin embargo, el mandatario sigue manteniendo en su Gabinete a otros ministros que también enfrentan serios cargos en su contra.

Es el caso, por ejemplo, de Aníbal Torres (presidente del Consejo de Ministros) y Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos). Ambos son investigados por la Fiscalía de la Nación como presuntos miembros de una organización criminal en la carpeta que tiene el presidente por presunta obstrucción a la justicia. Además, los dos han sido señalados en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como miembros del “brazo obstruccionista” que tendría la red criminal que encabezaría el jefe del Estado.

Sobre Torres, por ejemplo, está el testimonio de la lobbista Karelim López, quien dijo que el primer ministro estaba interesado en que Bruno Pacheco abandonara el país con el fin de que eludiera la justicia y, sobre todo, para que no hablase. Versión que se relaciona a lo manifestado por el colaborador eficaz CE-04-2022, quien aseguró al equipo especial que el mandatario hizo coordinaciones, a través de Beder Camacho, para que Pacheco, entonces prófugo de la justicia, consiguiera asilo político en Venezuela cuanto antes.

Respecto a Chero, está lo declarado el pasado 31 de julio también por el colaborador CE 04-2022, quien dijo que en una reunión en Palacio el 23 de julio, en la que participaron Castillo y sus abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza, el ministro de Justicia fue uno de los que concertaron para iniciar una campaña de desprestigio contra la fiscal de la Nación sobre supuestos plagios de su tesis. Además, está lo manifestado por el colaborador CE-02-2002, quien señaló a los fiscales que cuando el empresario Zamir Villaverde estaba recluido en el penal de Ancón I, un asesor del INPE, identificado como José Carlos Gómez Medina, le entregó un número telefónico para que se pudiera comunicar con el ministro a través de un teléfono satelital. El hecho, según el análisis de la fiscalía, era para asegurar el silencio de Villaverde en las investigaciones llevadas a cabo.

Tanto Torres como Chero rechazaron lo declarado por los colaboradores. Mientras el primer ministro exigió que se presentaran pruebas de lo afirmado, el ministro de Justicia negó que haya enviado emisarios y que tuviera algún tipo de contacto con Villaverde cuando estaba preso.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, fue recientemente expuesto por el colaborador eficaz CE-04-2022. En su testimonio ante el equipo especial, el delator afirmó que Sánchez se había comprometido con Pacheco en entregarle S/8.000 a su esposa a cambio de que se mantuviera en silencio.

De acuerdo con el colaborador, Pacheco, que entonces venía siendo investigado por la fiscalía, le reclamó a Beder Camacho que el ministro no estaba cumpliendo su palabra. Camacho, según el testimonio, le hizo llegar el mensaje a Sánchez, luego de una sesión del Consejo de Ministros, y este le respondió que sí se estaba entregando el monto mensual como se había pedido.

El colaborador eficaz CE-03-2022 ratificó lo dicho por el CE-04-2022 y, además, contó que el compromiso asumido por Sánchez contaba con el aval del jefe del Estado. Todo esto, a condición de que Pacheco no hablase sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno.

De acuerdo con la base de datos de proveedores del Estado, Graciela Palomino, exesposa de Pacheco, registra órdenes de servicio por S/40 mil emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior en octubre del 2021.

Sobre lo dicho por el colaborador CE-04-2022, Sánchez, quien de momento no tiene una investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, afirmó que se trata de una “patraña” y negó que estuviera detrás de algún tipo de financiamiento subrepticio al exsecretario de Palacio.

Respecto a Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, si bien no ha sido mencionada en la denuncia constitucional ni aparece en el organigrama de la presunta red criminal que dirigiría Castillo, su nombre fue incluido el año pasado en la investigación por presunto lavado de activos que enfrenta el partido Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón. Esto, por el presunto financiamiento ilegal a la pasada campaña presidencial.

Sin embargo, la denuncia que ha puesto más en apuros a la vicepresidenta es la que tiene en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que, de aprobarse, podría inhabilitarla de ejercer un cargo público. El caso: haber ejercido la representación del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra.