La integrante de la Comisión Permanente Luciana León, investigada por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Intocables Ediles, perderá la inmunidad parlamentaria 30 días después de que culmine sus funciones congresales y el nuevo Congreso de la República se declare constituido. Sin embargo, conservará el derecho al antejuicio político, que la protegerá de, por ejemplo, una eventual detención preliminar o una prisión preventiva, explicaron los abogados constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Luciano López.
De acuerdo al Ministerio Público, Luciana León habría recibido pagos de hasta S/20 mil mensuales por gestionar obras a favor de la Municipalidad de La Victoria ante al menos cuatro ministerios mientras se desempeñaba como congresista. Se la investiga por presunto cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.
Por esas razones, a inicios de febrero, el Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y dictó impedimento de salida del país por 36 meses para Luciana León.
“Eso es lo máximo que puede hacer la fiscal de la Nación en estos momentos. La señora León goza de antejuicio político, y lo que se quiere hacer es prevenir que fugue del país”, explicó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.
El 22 de octubre pasado, la fiscalía allanó la vivienda de León, quien luego presentó un recurso de apelación contra esa diligencia. En este solicitó al Poder Judicial que deje sin efecto la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que no se use ningún bien ni documento incautado, entre otros.
Pero la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación menos de un mes después. Y a la fecha, la investigación de la fiscalía permanece en la etapa de diligencias preliminares.
—Ante el Congreso—
Cuando se declare constituido el próximo Congreso, la fiscal de la Nación puede presentar una denuncia constitucional contra León. Esta deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La subcomisión tendrá 30 días hábiles para calificar la denuncia como admisible o inadmisible.
Si la declara admisible, elaborará un informe de calificación y lo presentará ante la Comisión Permanente, que le otorgará un plazo máximo de 15 días hábiles para que investigue el caso y elabore un informe final.
El informe final de la subcomisión puede considerar la acusación o el archivo del caso. El documento será enviado a la Comisión Permanente para que lo debate y apruebe acusar o lo archive.
Si aprueba acusar, el caso será presentado ante el pleno del Congreso. Esta será la última instancia donde se debatirá y se tomará una decisión. Si es aprobado, el expediente se remitirá a la fiscal de la Nación.
Recién allí, la fiscal de la Nación podrá continuar con la siguiente etapa de la investigación: la formalización y continuación de la investigación preparatoria.
“A partir de ese momento, la señora Luciana León ya puede ser sometida, si es que existen elementos de riesgo, a una eventual prisión preventiva”, dijo López.
Hasta el 2019, León fue presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso. Además, su entonces bancada, la Célula Parlamentaria Aprista, contaba con cinco legisladores, pero solía coincidir en las votaciones con el grupo mayoritario, Fuerza Popular.
En el próximo Congreso, el Partido Aprista Peruano - del cual León fue expulsada - no tendrá ningún representante por no superar la valla del 5% en las elecciones congresales del pasado 26 de enero. Además, Fuerza Popular ya no tendrá mayoría y solo sería la tercera fuerza más importante, con alrededor de 15 parlamentarios.
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