Nuevo revés judicial para Pedro Castillo. El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos del presidente que pretendía anular la denuncia constitucional que presentó la fiscalía de la Nación ante el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El magistrado concluyó que una denuncia constitucional es función propia de la Fiscalía de la Nación y del Congreso procesarla. Por tanto, no corresponde a su juzgado declarar la nulidad de dicho expediente.
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“La formulación de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación constituye el ejercicio de una atribución que le ha sido conferida; y asimismo, la calificación de la respectiva denuncia constitucional presentada ante el Congreso, da lugar a una evaluación en sede parlamentaria, que le es exclusiva y excluyente”, sustenta en su resolución.
Puntualizó además que no corresponde a los jueces declarar la nulidad o dejar sin efecto los actos de la fiscalía de la Nación “que constituyen la materialización del ejercicio” de sus atribuciones ante el Congreso de la República.
Al desvirtuar uno de los principales argumentos de la defensa del mandatario, el juez supremo precisó que la Resolución N° 4, dictada por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional.
“La defensa técnica centra su alegación en que la citada Resolución N°4 habría ordenado al Congreso de la República que no emita acusación constitucional en contra del Presidente de la República en funciones, y que como consecuencia de ello, no podría el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) formalizar la investigación preparatoria en su contra”, señaló.
Además…
-“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, consigna el documento que la fiscal Patricia Benavides presentó el 11 de octubre y que el mandatario buscaba anular.
-Esta denuncia está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.