El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, calificó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra formulado por la fiscal Giovanna Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, como “insólito, arbitrario e injusto”.
“He colaborado en todo [con la justicia], cada vez que me han citado he venido. Barata nunca me ha mencionado, sí mencionan a otros ministros que tienen desbalance patrimonial cosa que no es mi caso. Yo cuido de mis padres, tengo arraigo, pido un proceso justo, pido que se cumplan todos los requisitos. [...] [Este pedido de prisión] me parece insólito, arbitrario e injusto”, señaló a Canal N.
El pedido de Mori incluye, además de Castilla Rubio, a la ex primera dama Nadine Heredia y al exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga Alba. Los tres son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, por presuntamente favorecer a Odebrecht con la concesión del proyecto gasoducto sur peruano (GSP), que se adjudicó en el 2014.
Según el pedido fiscal, al que tuvo acceso El Comercio, Castilla y Mayorga habrían tenido el rol de promover condiciones favorables a Odebrecht para que gane la buena pro del proyecto. Según la fiscalía, ambos “habrían formado parte del pacto colusorio [con Odebrecht] en perjuicio del patrimonio del Estado”.
“Esa tesis carece de sustento, todo lo que hice fue con apego a ley he cumplido con lo que la ley pide, ninguno de los actores me ha nombrado. Esto [el pedido] es a raíz del dicho de un colaborador eficaz. No hay corroboración de nadie, yo la verdad confío en que el Poder Judicial va a poder actuar con justicia, yo doy la cara, solo pido un trato justo”, agregó.
Los mencionados exministros son incluidos por la fiscalía en el segundo nivel de la estructura de presunta asociación ilícita que operó para favorecer a Odebrecht.
En el mismo nivel de la estructura figuran los exministros Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Carlos Paredes Rodríguez (Transportes y Comunicaciones) y René Cornejo Díaz (exjefe del Gabinete).
Cabe indicar que el pasado 8 de febrero el Poder Judicial confirmó el impedimento de salida del país, por un período de seis meses contra el exministro de Economía que había sido impuesto en diciembre del 2019.