El 21 de diciembre de 2022, Lilia Paredes dejó el Perú. Lo hizo gracias a un asilo político otorgado por el gobierno de México que aún dirige Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de las serias investigaciones en su contra por presunta organización criminal que comprenden también a su esposo y expresidente Pedro Castillo, quien catorce días antes intentó dar un golpe de Estado y, actualmente, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate, Lima).
Ante el asilo político, el nuevo gobierno recién instalado de Dina Boluarte otorgó el salvoconducto para que Paredes pueda dejar el país en compañía de sus dos menores hijos, ateniendo a los compromisos internacionales del Perú, pero sí informando a México sobre la condición de investigada de la exprimera dama en el país. Tras el golpe de Estado frustrado, Paredes y sus hijos se habían refugiado en la embajada de México en Lima y el salvoconducto les permitió finalmente abandonar el territorio nacional, a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Tras su llegada a la Ciudad de México, siendo acogida por el gobierno de López Obrador, con quien se ha llegado a reunir en el propio Palacio Nacional, Paredes se ha declarado abiertamente como una perseguida política en el Perú. En estos meses, ha participado en foros y brindado entrevistas de forma virtual en donde ha señalado que Castillo no ha cometido ningún delito y que “está preso políticamente”.
“Desde el 7 de diciembre tenía que yo velar por mis menores hijos y por lo que también me estaban persiguiendo políticamente y judicialmente me llevó a tomar la decisión de pedir asilo en la embajada de México”, dijo Lilia Paredes en un foro virtual.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por declarar como “reservado” por un periodo de hasta cinco años el expediente de asilo político otorgado a favor de Paredes, según dio a conocer el dominical “Punto Final”. Eso no impidió en estos meses conocer algunos detalles sobre la situación de Paredes en ese país.
Los US$10 mil, sus apariciones públicas y por lo que debe responder a la justicia
Recientemente, la periodista mexicana Ariadna García, en un informe del programa “Ocurre Ahora” de ATV, reveló que, según fuentes diplomáticas, el gobierno de López Obrador otorgaría a Lilia Paredes y su familia US$10.000 mensuales; es decir, más de S/37.500 mensuales y 25 veces más que el salario mínimo de México. Pero no solo ello.
De acuerdo con el programa periodístico, también se le ha otorgado un carné de identidad y hasta seguridad personal para cuidar de Paredes y sus hijos. Se le ubica presuntamente en la colonia Roma en la Ciudad de México, aunque su paradero exacto aún es desconocido. Ella misma ha evitado dar su dirección exacta a un juez.
A lo largo de estos meses, también han circulado imágenes de Lilia Paredes en México. En junio de 2023, la periodista de PBO Marycarmen Sjoo captó a Paredes cerca de la Basílica de Santa María de Guadalupe en México, mientras era fotografiaba por su hijo en compañía de otra mujer.
Lilia Paredes es investigada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Efficop). Para la fiscalía, integraría una presunta red criminal en calidad de “coordinadora”, pues habría aprovechado su posición de poder dentro del aparato estatal que dirigía Castillo con el fin de “viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública”, según las indagaciones fiscales.
Un colaborador eficaz con clave CE-003-2022-EFICCOP, por ejemplo, dijo a la fiscalía que se había “arreglado” la obra de un colegio en el distrito de Gorgor, en Cajatambo, Lima, “con Pedro Castillo por intermedio de su esposa Lilia y su cuñada Yenifer, porque iban a poner de fachada a la empresa de Espino”.
La fiscalía también ha obtenido los registros del intercambio de llamadas entre Lilia Paredes y los implicados entre la presunta red criminal, y quienes se habrían beneficiado a lo largo del gobierno del expresidente Pedro Castillo.
“La investigada Lilia Paredes mantendría una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas –naturales y jurídicas- estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes tenía el poder de lograr beneficiar en la licitación pública, otorgándoseles la buena pro y la adjudicación de la ejecución de obras”, de acuerdo con un documento fiscal al que accedió El Comercio.
En marzo de 2023, el Ministerio Público solicitó al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Raúl Justiniano, un pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra de Lilia Paredes y sus dos hermanos: David y Walter Paredes Navarro; sin embargo, la medida fue rechazada por el Poder Judicial.
El abogado penalista Andy Carrión indicó que, ante un asilo político, las investigaciones fiscales contra Lilia Paredes y cualquier otro investigado no se paralizan y, en teoría, deberían continuar. Se podría recoger su declaración, en caso sea citada, a través de las plataformas virtuales y continuarse con las pesquisas.
Sin embargo, si bien estas podrían avanzar, pero de llegar a encontrarse una responsabilidad y se formule una eventual acusación ante el Poder Judicial la situación legal se entramparía. Ante ello, se tendría que emitir una alerta internacional de captura, aunque México —cuyo gobierno apoya a Paredes— puede desestimar ello.
“Donde sí no puede ya avanzar más el caso, si ella está afuera, es en la etapa del juicio oral. Si ella no está, pues se la declara prófuga y simplemente se reserva el juicio respecto a ella. Ahí sí tendría que emitirse una orden de captura porque ya no puede avanzar un juicio oral sin su presencia. El problema es que pueden emitir una orden de captura desde el Perú, pero México, por el asilo que tiene, jamás la capturaría. No tramitarían ese pedido”, comentó en diálogo con El Comercio Andy Carrión.
Un escenario que solo se podría llegar a revertir si tras las próximas elecciones presidenciales de México, previstas para junio, el nuevo gobernante opte por anular el asilo político otorgado a Paredes y tenga que abandonar dicho territorio. De no ocurrir ello, es difícil que pueda darle cara a la justicia peruana.