La relación entre el terrorismo y el narcotráfico no se restringe a la últimas décadas, ni se limita a las operaciones subversivas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La organización terrorista Sendero Luminoso estableció entre los años 1985 y 1995 acuerdos con carteles de narcotráfico en el valle del Alto Huallaga, a los cuales brindaba protección a cambio del pago de cupos.
Así lo reveló el fiscal Jhonny Soto ayer en la audiencia de inicio del juicio a la cúpula senderista por sus vínculos con el narcotráfico y el atentado de Tarata, casos que han sido incluidos en un solo proceso judicial.
Los cupos, de acuerdo a lo expuesto ante el Segundo Juzgado Penal Nacional, eran destinados al llamado comité central de la organización central, el cual lideraba Abimael Guzmán.
El fiscal Soto aseguró que existen “suficientes elementos de convicción” para vincular al comité central de Sendero Luminoso con el narcotráfico en el valle del Huallaga
De acuerdo al testimonio de colaboradores eficaces, los cupos que los narcotraficantes del Alto Huallaga pagaban a la organización terrorista oscilaban entre los US$ 1.5000 y US$ 3.000 para dejar volar y brindar protección a las avionetas que llevaban droga al interior del Perú.
Según las mismas versiones, los cupos que Sendero Luminoso cobraba por cada aeronave que partía a Colombia llegaban a los US$ 10.000.