El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró fundada la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría Pública en la investigación seguida a Vladimir Cerrón por el delito de organización criminal y otros por el caso Los Dinámicos del Centro.
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De este modo, dicha instancia estará representada por su procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Yudith Villegas Espinoza, y el procurador público especializado (encargado) en delitos de corrupción, Javier Palacios Pacheco.
A través de una resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz también precisó la pretensión provisional ascendiente a 5 millones 50 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
Así, para el delito de organización criminal (42 investigados), el pago de indemnización ascendería a 700 mil soles, mientras que para cohecho pasivo propio (33 investigados) el monto es de 4 millones de soles.
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Asimismo, para el delito de negociación incompatible (8 imputados) el pago solidario asciende a 250 mil soles, en tanto que para tráfico de influencias (1 investigado) el monto es de 100 mil soles.
Además, para la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas López, y otros tres imputados por el presunto delito de lavado de activos el monto solicitado es de 200 mil soles.
“Este Juzgado Nacional, expresa que es posible variar o incrementar el monto postulado del daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado, en atención a la progresividad de la investigación condicionado a nuevos hechos y/o elementos de convicción que acrediten mayores daños generados”, dice el documento.
El pasado 27 de enero el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de la fiscalía para dictar comparecencia con restricciones a 16 investigados en el caso Los Dinámicos del Centro, red criminal que presuntamente es encabezada por Cerrón Rojas.
Según la tesis fiscal, Vladimir Cerrón, fundador y secretario general de Perú Libre (antes Perú Libertario) y gobernador regional de Junín desde el 1 de enero de 2019 hasta el 19 de agosto de 2019, habría constituido y encabezado una organización criminal conformada por funcionarios y terceros en torno a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.
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“Habría tenido como proyecto criminal la percepción de dinero ilícito destinado al proyecto político de la organización política ‘Perú Libre’ y su persona. De cuya existencia se tendría evidencia, desde -al menos- el día 02 de enero de 2019 hasta el 14 de junio de 2021″, expuso el Ministerio Público.
Según la investigación fiscal, parte de estos fondos ingresaron a la campaña presidencial de Pedro Castillo en las Elecciones Generales de Perú de 2021. Por ello, se dispuso que la investigación preparatoria sea de 36 meses.
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