La puesta en libertad de la terrorista Maritza Garrido Lecca, sentenciada por haber escondido a Abimael Guzmán y a otros miembros de la cúpula de Sendero Luminoso en su casa en Surquillo, ha avivado el debate sobre las acciones que se deben tomar ante casos como el suyo y el de otros condenados por terrorismo.
Desde el Gobierno, diversos miembros del gabinete como Carlos Basombrío, ministro del Interior, han reafirmado que se llevará a cabo un trabajo de vigilancia por parte de la policía. El seguimiento será importante para impedir que los sentenciados por terrorismo no persistan en las prácticas que los llevaron a prisión.
“El seguimiento ha sido un trabajo que se ha estado llevando a cabo por parte de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y otros organismos de la policía [...] Hablamos de una cifra muy alta de sentenciados liberados, por lo que la vigilancia tiene que considerar a quienes fueron cabecillas o son potencialmente peligrosos”, dijo a El Comercio el analista y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi.
La misma opinión tuvo el experto en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga. “Está bien que se lleve a cabo esta vigilancia policial y que se priorice a quienes la Dircote considere que pueden volver a incurrir en acciones subversivas”, indicó.
Sin embargo, ambos especialistas coincidieron que la liberación de senderistas como Maritza Garrido Lecca no solo acarrea responsabilidades para el Gobierno y la policía, sino a los partidos políticos y a la sociedad en su conjunto.
- Una lucha política -
“Hay una labor vital que es el combatir en el ámbito político a esta gente que participa en movimientos sociales y que, a pesar de que no son terroristas liberados, tienen ideologías extremistas. Aquí el Gobierno tiene una responsabilidad, como lo vimos en la huelga magisterial y el mal desempeño que tuvo el Ejecutivo al acusar indiscriminadamente a dirigentes como terroristas”, dijo Rospigliosi.
Esta labor, añadió, también se extiende a los otros partidos políticos que deben confrontar a quienes defienden al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, como los miembros de la agrupación Movadef, fachada de Sendero Luminoso.
- ¿La sociedad está lista? -
“Así como el Gobierno se alista ante la liberación de terroristas, la sociedad tiene que estar preparada para convivir con estas personas, no solo Maritza Garrido Lecca”, manifestó Pedro Yaranga.
A opinión del especialista, los sentenciados por terrorismo que quieran rehacer sus vidas y cambiar deben tener las herramientas necesarias. Esto también contribuirá a facilitar el trabajo de seguimiento por parte de la PNP.
“No enseñar, pero abrir las puertas para otro tipo de labores [...] Eso sería un paso importante, no hacia la reconciliación que piden los simpatizantes de Sendero Luminoso, sino para que los sentenciados puedan incorporarse a la sociedad de la cual renegaron años atrás”, añadió Yaranga.
Aquí es donde debe entrar un aspecto que el especialista consideró vital. “Como sociedad me parece que no estamos listos, pero tenemos que utilizar una palabra inevitable: compasión. Hay que ser más compasivos en la medida que ellos estén en condiciones de cambiar. Eso permitiría un proceso de resiliencia en quienes ya purgaron sus condenas”, concluyó.
- ¿Se unirá al Movadef? -
El Comercio contactó a Alfredo Crespo, dirigente de Movadef y abogado del senderista Abimael Guzmán, quien señaló que ellos no tienen vínculo alguno con Maritza Garrido Lecca, pese a su inminente liberación.
“No hemos tenido contacto y (desde Movadef) no tenemos la intención de buscarla en el futuro”, aseguró Crespo.
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