La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el legislador César Segura (Fuerza Popular), declaró improcedentes este lunes tres denuncias interpuestas contra el legislador Moisés Mamani en 2018, a raíz de los denominados 'Mamani videos'.
Una de las acusaciones fue presentada por la legisladora Maritza García (Cambio 21), quien pertenecía al bloque que lideraba Kenji Fujimori, el principal involucrado en los videos difundidos en marzo de 2018.
La legisladora denunció a Moisés Mamani el 4 abril de ese año por infracciones a la Constitución y “por la presunta comisión de los delitos de violación de la intimidad en su modalidad agravada, resistencia o desobediencia a la autoridad”.
Lo mismo le imputó el ciudadano Carlos Rojas Burgo, quien presentó su denuncia el 6 de abril. Ambas denuncias fueron acumuladas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se elaboró un solo informe de calificación para ambas.
Los denunciantes aseguraban que Moisés Mamani vulneró el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones al haber “provocado una reunión con altos funcionarios del Estado, con la finalidad de direccionar la conversación para posteriormente hacer pública una supuesta compra de votos”.
Todo ello, señalaron los denunciantes, “confirmaría que el registro de las conversaciones privadas se realizaron con motivo de intereses políticos y con la finalidad de perjudicar a sus interlocutores”.
Sin embargo, el informe elaborado por la secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al que El Comercio tuvo acceso, sostenía que las denuncias fueron presentadas sin suficiente material probatorio.
“De los supuestos fácticos esbozados se puede apreciar que a la denuncia constitucional presentada no se ha adjuntado medio probatorio alguno que permita al menos presumir que el denunciado haya incurrido en la comisión de ilícitos penales, así como haber vulnerado la Constitución Política, motivo por el cual no se le podría atribuir la comisión de los mismos”, se lee en el documento.
Este informe de calificación finalmente fue aprobado por mayoría, con los votos de congresistas fujimoristas y del Apra. Ellos son: Milagros Takayama, Milagros Salazar, Karina Beteta, Luis Galarreta y el propio presidente del grupo, César Segura (Fuerza Popular); así como Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista).
En tanto, se abstuvieron los legisladores Oracio Pacori (Nuevo Perú); César Vásquez (Alianza para el Progreso); Gilbert Violeta y Juan Sheput (hoy Concertación Parlamentaria) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).
Votó en contra del informe el congresista Marco Arana (Frente Amplio), quien minutos antes había solicitado una cuestión previa para revisar mejor el íntegro de la denuncia. Su pedido no tuvo éxito.
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Consultado al respecto, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, manifestó que no había “sustento jurídico” en la denuncia presentada. Luego mencionó, por ejemplo, que no se adjuntaron los videos a los que se hacía referencia.
“[Maritza García] No ha presentado ninguna prueba. [¿Por qué no pedir subsanaciones a la denunciante?] No se puede, nosotros no podemos hacerle el trabajo y motivar una denuncia. Si yo comienzo a hacer eso, mañana más tarde puedo sí ser denunciado por una infracción a la Constitución y al Reglamento”, refirió Segura en los pasillos consultado al respecto.
─La otra denuncia─Respecto a la tercera denuncia contra Moises Mamani, esta fue presentada ante el Congreso el 21 de marzo de 2018. En esta también están comprendidos los congresistas Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez.
El denunciante solicitaba “que se suspenda e inhabilite a los denunciados por haber realizado ofrecimiento de obras al congresista Moisés Mamani a cambio de votar en contra o abstención a la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski”.
No obstante, en el informe de calificación se remarcó que no se ha señalado en la denuncia los fundamentos de hecho que motivan la denuncia, con lo cual se incumple el reglamento del Congreso.
Se declara la improcedencia ─explicó César Segura antes se someter a votación el informe─ porque “se ha podido advertir que el denunciante no es la persona directamente agraviada por los hechos que denuncia”, y que en este caso quien puede formular una acción de este tipo es el fiscal de la Nación “y no a un ciudadano en particular, razón por la que la subcomisión no se debe abocar a investigar”.
Minutos después este informe de la secretaría técnica fue aprobado por unanimidad, entre los siete congresistas presentes en la sesión (de distintas bancadas), con lo cual se archivó la denuncia.