El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dictó una orden de impedimento de salida del país por 12 meses para Nadine Heredia por la investigación preliminar que afronta por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado, por el Caso Gasoducto Sur Peruano.
Según la hipótesis de la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato y a cargo de la indagación, la esposa del expresidente Ollanta Humala habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación del gasoducto sur peruano, obra valorizada en más de US$7.000 millones.
Durante la lectura de su resolución, que duró una hora y 20 minutos, Chávez consideró que el acuerdo entre Odebrecht y Graña y Montero para que esta última pase a ser socia oculta de la firma brasileña en el gasoducto sur peruano, ante un reclamo de Nadine Heredia contra la empresa peruana, “evidencia el poder de la investigada en mención sobre el referido proyecto”.
El magistrado también dijo que no comparte el razonamiento de la defensa de la expresidenta interina del Partido Nacionalista, respecto a que la participación de su patrocinada en las reuniones con los representantes de Odebrecht fue “protocolar”. Esto debido a que los testimonios del exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y otras personas “informan de una injerencia” en el proyecto gasífero.
—Reiteración delictiva—
El juez, además, sostuvo que existe una reiteración delictiva en el comportamiento de Nadine Heredia, quien afronta otras dos investigaciones: una por la licitación del hospital Lorena del Cusco y otra por el financiamiento a las campañas presidenciales de Ollanta Humala del 2006 y el 2011.
Chávez afirmó que la última declaración que la ex primera dama ofreció ante la fiscalía, en la que indicó que solo está al cuidado de sus hijos menores y que no tiene ingresos económicos, debilita el argumento de su defensa, que aseguró que ella trabaja en el Partido Nacionalista.
Precisó que para su despacho sí existen los presupuestos necesarios para determinar un “riesgo concreto de fuga” de parte de Heredia. Esto debido a que ha sido vinculada a una organización criminal, que los delitos que se le imputan tienen una pena alta, que no registra actividad laboral y que ha incurrido en una reiteración delictiva.
Sobre el test de proporcionalidad, el juez señaló que el impedimento de salida del país no es una medida que resulte “tan afectatoria como lo son otras de coerción excepcional”.
“Hay una necesidad de restricción para fines de averiguación de la verdad […]. En consecuencia, la petición en cuanto a la investigada es declarada fundada”, acotó.
—Otros investigados—
La medida también se dictó contra los ministros del gobierno de Humala Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Carlos Paredes Rodríguez (Transportes y Comunicaciones) y René Cornejo Díaz.
La disposición alcanza, además, a los investigados Édgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro Valdivia y María Patiño Marca, quienes integraron el Comité de Seguridad Energética de Pro Inversión. A ellos se suma el abogado Miguel Ronceros Neciosup y el vicegobernador del Callao Constantino Galarza Zaldívar (este último por presunto lavado de activos).
Al final de la audiencia de ayer, los abogados de Heredia Alarcón, Merino Tafur, Cornejo Díaz, Ramírez Cadenillas y Galarza Zaldívar anunciaron que iban a apelar la decisión del juez. Los otros implicados, entre ellos el exministro Paredes, se mostraron conformes.
La fiscal Mori interpuso un recurso de apelación a la medida judicial en dos extremos: el primero referido al tiempo del impedimento (había pedido que la restricción sea por 18 meses) y el segundo sobre el rechazo de esta medida para Jorge Danós Ordóñez, Ana Reyna Palacios, Manlio Bassino Pinasco, Ulderico Ossio Seminario, Luis Peschiera Rubini y Manlio Alessi Remedi.