La apabullante victoria del Apruebo en el reciente plebiscito chileno inicia el camino al cambio de Constitución en Chile. Coincidentemente, la senda tendrá su primera definición el 11 de abril, el mismo día que en el Perú se decida a los protagonistas de la segunda vuelta de junio. ¿Hay más semejanzas con el prolongado proceso chileno, que inició su tramo final hace un año?
Para empezar, no se ve en el futuro muy cercano una movilización social que contenga demandas políticas o elementos de cambio (total o parcial) de la Constitución. De hecho, en tiempos recientes, la principal marcha masiva en las calles tuvo que ver con un evento no político: la movilización de cientos de miles de personas contra la violencia hacia las mujeres Ni Una Menos, en agosto del 2016.
Además, articular demandas en una sola plataforma parece un desafío complejo, que es aún mayor con la precariedad que caracteriza a los actores políticos peruanos, sobre todo a aquellos que pujan por una nueva Constitución.
En noviembre del 2019, con el antecedente cercano de las protestas en Santiago, el sociólogo Omar Coronel atribuía esta imposibilidad en forjar una articulación nacional de demandas a tres válvulas de escape: la informalidad, la lucha contra la corrupción y sus (aparentes) éxitos, y la existencia de un gobierno débil que cedía a presiones (Ciper, 29/11/2019).
Tampoco hay consenso sobre la necesidad de cambiar la Constitución. De hecho, solo sectores de izquierda y centroizquierda parecen tener esta bandera. A la caída del régimen de Fujimori hace veinte años, siguieron algunas reformas puntuales, pero nunca existió una demanda por algo mayor.
Lo que sí parece existir es la necesidad de un nuevo pacto social. De alguna manera, el proceso electoral podría canalizar esas expectativas y demandas. Una dificultad que tendrá que superarse es la fragmentación y precariedad que caracteriza a la política peruana contemporánea.
De hecho, otro factor que distancia la realidad política peruana de la chilena es la ausencia de actores institucionales fuertes. La convención que se aprobó en Chile el domingo tendrá algunos candados sobre participación y aprobación calificada, que reposan sobre un acuerdo político moldeado tras las protestas. ¿Podría replicarse algo así en el Perú, donde los actores políticos con frecuencia se dejan arrinconar por la bulla y el acoso en las redes sociales o espacios mediáticos?
El debate sobre el cambio de Constitución en el Perú recién empieza y seguramente será revitalizado por los resultados del último domingo en Chile. Pero mal se haría en plantearlo en términos que devuelvan al país a la situación que se experimentaba hasta los años ochenta, cuando el Estado jugaba un rol preponderante en la economía.
Una nota de “The Economist” de hace unos meses concluía diciendo que no había espacio para un retorno al Chile del 5 de octubre del 2019 (12/3/2020), cuando se iniciaron las protestas. Ello fue confirmado el último domingo. Para el caso peruano, ¿cuál debería ser el punto de no retorno?
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