Con la finalización del conteo de actas a cargo de la ONPE, la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori se pone a la espera de la ratificación por parte del JNE. Dada la sensibilidad y relevancia de la materia, y en concordancia con la ley, deberían evaluarse todos los pedidos, de manera que se deje plenamente despejada cualquier duda.
Mientras la expectativa continúa, empiezan a verse nubarrones en el horizonte que anuncian tiempos complejos. Lo hacen en diversos niveles, con llamados sutiles o desembozados, por parte de actores sin representatividad real o con futuras responsabilidades. Un importante sector parece no inmutarse.
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Parte del problema puede ser que algunos términos empiezan a carecer de contenido. Como pasó con el llamado terruqueo, de tanto llamar golpe a comportamientos cuestionables y abusivos, aunque dentro del marco legal y constitucional, hoy que el país se encuentra frente a un evidente ánimo de revertir el cauce democrático, la alerta podría resultar desmedida.
Pero no lo es. ¿Cómo referirse, de otra manera, a llamados abiertos a anular los resultados de un proceso electoral llevado con las garantías necesarias, según lo anotan diversas misiones de observación, incluyendo la OEA, que ha descrito los comicios peruanos como “un proceso electoral positivo”, indicando además que “la misión no ha detectado graves irregularidades”?
Por irónico que pueda resultar, quienes buscan lograr nuevos comicios dicen hacerlo en defensa de la democracia, ante el riesgo que plantea la inminente victoria y posterior instalación del comunismo, parte de una arremetida internacional. Pero la democracia se fortalece, precisamente, con el ejercicio del sufragio, cuyo resultado hoy se quiere desconocer.
La elección de Pedro Castillo –de confirmarse– tiene pendiente despejar los temores que despertaba a lo largo de la campaña, tanto en el frente económico como en el institucional. Dada las precariedades que rodean su elección, quizás el desenlace más probable se encuentre en un punto medio entre la mirada pesimista de Mario Ghibellini (El Comercio, 12/6/2021) o la reivindicativa e ilusionada expectativa de Sinesio López (“La República”, 10/6/2021).
La oposición democrática tendrá que preocuparse por manejarse dentro de los (precarios) marcos institucionales que se tienen, y utilizar precisamente estas libertades para enfrentar los eventuales arrebatos autoritarios, incluyendo la realización de una asamblea constituyente sin respetar los preceptos constitucionales.
Mal hacen quienes, con el pretexto de salvar la democracia, quieren desconocer lo que el mandato popular ha expresado. Sin el riesgo autoritario plenamente despejado, es aun más importante preservar las instituciones que –con todas sus complicaciones y pendientes– se han forjado en el nuevo milenio. El ‘golpe democrático’, el reciente oxímoron peruano, debe ser repudiado y rechazado por quienes aspiran a seguir viviendo en democracia. Si lo que se quiere es salvar la democracia, ¿por qué erosionarla?
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Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó que se hable de fraude en las decisiones del ente electoral. (Fuente: JNE)