El próximo domingo tendremos las elecciones congresales extraordinarias, y una lección es que estamos sufriendo las consecuencias de enfrentar una elección con las viejas reglas que queríamos cambiar con la reforma política, con algunas modificaciones parciales que han complicado las cosas. Es decir, con los mismos partidos inscritos bajo un sistema que no asegura verdadero respaldo ciudadano; peor aún, el JNE acaba de establecer que los partidos que no son representativos y no alcanzan a ingresar al Congreso podrán participar en las elecciones del 2021.
Una elección en la que los candidatos han sido seleccionados sin procesos verdaderamente democráticos y sin controles suficientes (terminamos con un gran número de candidatos con sentencias penales y civiles), y que desarrollan desordenadas campañas individualistas. En medio de ese desorden, los candidatos no parecen darse cuenta de que su mandato solo se extenderá por un año y unos cuantos meses, y que la elección general del 2021 está a la vuelta de la esquina. En otras palabras, sin agendas parlamentarias claras y muy concretas, muy poco se podrá hacer.
Finalmente, tenemos la prohibición de contratar publicidad política en medios masivos, pero no hemos ampliado la franja electoral. Así las cosas, no es sorprendente la confusión y desazón de parte importante de los ciudadanos.
Con todo, diez partidos cuentan con una agenda parlamentaria mínima: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Apra, Frente Amplio, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Popular Cristiano, Podemos Perú y Somos Perú. Esperemos que al final pueda darse un resultado que permita que este Congreso pase a la historia como el que abrió la puerta a reformas importantes que permitan tener una mejor representación a partir de las elecciones del bicentenario.
Esto pasa por un acuerdo político que permita completar la reforma política, empezando con modificar la disposición que prohíbe que se aprueben normas electorales aplicables a las elecciones generales del 2021 hasta un año antes, esto es, abril de este año. Podría ampliarse el plazo hasta el momento de inscripción de candidaturas, que permitiría tener tiempo hasta agosto. Hay que concentrarse en lo urgente: completar la reforma sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, llevar a cabo la segunda votación de la reforma constitucional que impediría que postulen candidatos con sentencias en primera instancia (que además requiere un desarrollo legal), y derogar las disposiciones transitorias de las leyes de reforma aprobadas, para tener la aplicación inmediata de las elecciones internas abiertas a la ciudadanía, la paridad y alternancia de género, y la eliminación del voto preferencial. Está también el proyecto para facilitar la participación en los procesos electorales.
Luego, más complicado, porque requiere votación en dos legislaturas, es volver al debate sobre la inmunidad parlamentaria y la vuelta al sistema bicameral. ¿Se podrá?