Cuando parecía que, ahora sí, el horizonte político estaba marcado por las elecciones de abril, tras un domingo con internas de modesta recordación, y de una entrevista anecdótica al presidente Sagasti, ahora sí, decía, ya podíamos empezar a preocuparnos por las próximas encuestas, por quién sube, quién baja, quién se estanca, quién despunta.
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Pero este quinquenio, al parecer, no podía acabar sin un factor central en estas dos décadas previas al bicentenario, un factor opacado por las pugnas entre Ejecutivo y Legislativo desde el 2016 pero que fue protagonista principal hasta entonces. Con el crecimiento económico y la democracia sin partidos, los conflictos sociales dominaron el panorama tras la caída del régimen fujimorista.
Las protestas y bloqueo de la Panamericana Sur (mientras escribo esto es lo que se sabe, además de lamentables evidencias de vandalismo) no son un fenómeno nuevo, desde luego, pero hay circunstancias que han favorecido su explosión, y que han capturado la atención de la opinión pública más que en casos similares, frecuentes en los últimos 20 años.
¿Por qué ahora? Esta movilización está aprovechando lo que se conoce en la literatura sobre política contenciosa como una ventana de oportunidad, que abre un espacio para la protesta. Una profunda crisis económica como resultado de la emergencia sanitaria, la proximidad de las elecciones presidenciales, las recientes manifestaciones durante el efímero gobierno de Merino y el descabezamiento de la Policía Nacional son una combinación favorable para el surgimiento de este conflicto social.
La calidad de nuestro sistema político explica en parte esto. Varios autores han demostrado la relación inversa que hay entre la calidad de las instituciones políticas y la agitación social, y la crisis de representación incluye la incapacidad para encauzar y expresar demandas a través de canales institucionales.
Lo más llamativo, sin embargo, es que si bien los actores movilizados (CGTP, gremios agrarios) y los repertorios y métodos utilizados son los mismos desde hace 20 años o más, el lugar es nuevo. Los actores, incluso, son algunos de los que quedaron descolocados durante las marchas de noviembre, incapaces de entender las dinámicas de la juventud movilizada, como bien indicó el sociólogo Carlos Mejía, pero que se encuentran en su elemento en movilizaciones de índole socioeconómica.
Los bloqueos en la Panamericana, la principal vía longitudinal del país, han sido una táctica frecuente de grupos como Conveagro, pero los paros agrarios de los que han participado han tenido como protagonistas a productores de cultivos como el arroz, el maíz, el algodón o la papa que demandan protección por parte del Estado frente al ingreso de importaciones.
La gran novedad ha sido que esta protesta emane del sector ganador de la apertura comercial y que aparentaba funcionar relativamente bien hasta ahora. Que esta protesta tenga lugar en Ica es muy significativo. El bloqueo de la carretera busca perturbar el comercio y el transporte y golpea el núcleo de lo que ha sido el emblema del pleno empleo de esta revolución agroindustrial. Y que también destapa problemas de fondo, descubiertos por una coyuntura crítica, que demuestran los límites de sostener una política pública sobre la base de prórrogas temporales y sin un acuerdo fruto del debate y la negociación. Una institucionalidad precaria en el corazón del modelo.
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