Los fuegos fatuos son pequeñas luces de aspecto siniestro que aparecen en la noche, usualmente en zonas pantanosas o cementerios. La creencia popular es que son almas en pena o espíritus malévolos. Existe, sin embargo, una explicación científica para ellos: se trata de la inflamación de sustancias como el metano, que despiden los cuerpos en putrefacción. No obstante, muchas personas que desconocen la ciencia detrás del mito se espantan por estas luces y recurren a diversos ritos supersticiosos para conjurar al supuesto ser sobrenatural.
En el Estado a menudo aparecen personalidades decididas a perseguir una suerte de fuegos fatuos. Es el caso, por ejemplo, del flamante defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien ve en los precios altos que cobran ciertas empresas espíritus malignos que combatir. Hace unos días, en efecto, en una entrevista en El Comercio, él indicó que los mismos constituirían una suerte de abuso que él pretende corregir en su gestión. Concretamente, señaló: “¿Por qué un mismo banco en el Perú cobra 140%, en Chile 39% y en Colombia 40% de intereses?” y “pagamos la medicina más cara, la telefonía más cara y son las más ineficientes”. Asimismo, el viernes pasado publicó una columna en este Diario reafirmándose en su posición y realizando una peculiar invitación a continuar esta discusión: “Tomo el editorial de El Comercio [el cual criticaba sus declaraciones] como la invitación a abrir un debate sobre este tema. Aquí estoy, aquí están mis ideas, espero que no arruguen”.
Más allá de que algunos datos utilizados por el defensor no son exactos (por ejemplo, en promedio, en el Perú el costo del crédito vehicular es menor que en Chile y Colombia, el del crédito hipotecario es similar al de Colombia y el de las tarjetas de crédito es menor que en Chile), quien entiende de economía sabe que los precios altos no son fruto de la malicia del empresario, sino que responden a diversas lógicas de mercado. Por decir, una tasa de interés elevada puede ser reflejo del mayor riesgo que supone prestarle a cierto grupo de clientes. Una medicina cara podría deberse a la escasez de la misma y generar incentivos para que otros competidores entren al mercado y ofrezcan el producto en condiciones más accesibles. Finalmente, que el servicio de telefonía sea más caro en un lugar que en otro podría explicarse porque ahí es más costoso tender la red. En todos los casos, limitar por alguna vía el precio que se cobra podría hacer que a las empresas ya no les salga a cuenta atender a un grupo en particular y, por lo tanto, que se perjudique a los consumidores que se trataba de ayudar.
Meterse con los precios suele tener consecuencias indeseadas y nefastas. Por eso, es un peligro ver en ellos males que exorcizar y nos preocupa que el defensor del Pueblo prefiera el mito frente a la explicación científica.
Desde esta columna, le deseamos al señor Gutiérrez la mejor suerte en el encumbrado puesto para el que ha sido elegido. Mucho depende en este país del defensor del Pueblo. Por eso, con humildad, le sugerimos empezar por no invertir su valioso tiempo en perseguir lo que, a simple vista, aparentan ser tenebrosos fuegos fatuos.
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