Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama presidente electo a Pedro Castillo en las próximas dos semanas, probablemente Keiko Fujimori declarará que no está de acuerdo con la decisión porque no se verificaron las denuncias de fraude en mesa, pero que la acata por respeto a la institucionalidad y por contribuir a un clima de diálogo.
A mi juicio, sin embargo, debería ir un poco más allá. No solo ella, sino otros líderes y bancadas congresales. Un gobierno de Castillo carecerá de mayoría parlamentaria y por lo tanto necesitará entenderse con el Congreso para sacar al país adelante. Las bancadas deberían entonces plantearle a ese gobierno un apoyo parlamentario a partir de un acuerdo sobre algunos puntos prioritarios de agenda legislativa. Pero uno de esos puntos, el principal, debería ser el que ya fue juramentado por el mismo Castillo en la Proclama Ciudadana: canalizar cualquier cambio constitucional a través del Congreso y de lo establecido en la Constitución (en su artículo 206).
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Esto es absolutamente crucial porque lanzar el proceso de una asamblea constituyente no solo paralizaría al país torpedeando el programa de recuperación económica del propio gobierno, sino que instalaría una dinámica de acumulación populista y autoritaria muy difícil de controlar, y un conflicto político que mantendría al país en la turbulencia permanente.
Castillo les ha ofrecido a las organizaciones sociales formar parte de la asamblea, de modo que para presionar al Congreso el gobierno podría incluso destinar recursos públicos para movilizar a esas organizaciones. Lamentablemente no se aprobó la reforma constitucional de la cuestión de confianza, de modo que el Ejecutivo podría optar por hacer populismo político desafiando al Congreso por esa vía hasta disolverlo. Tiene ahora la facilidad de la denegación fáctica de la confianza. Y si se aprobara el referéndum o la asamblea, seguramente haría populismo económico para ganar los comicios correspondientes.
Una asamblea constituyente conformada en un 50% o 60% por organizaciones sociales, sindicales, profesionales, etc., invitadas en buena cuenta por el presidente, produciría casi con seguridad una Constitución estatista y reeleccionista. Castillo ya convocó a los gobernadores regionales a integrar la asamblea. ¿Cómo no proponer la reelección de quien me convocó a formar parte de ella? De paso, la asamblea se sentirá tentada a desplazar o disolver el Congreso existente, contrario a sus designios, y a desactivar el Tribunal Constitucional, como ha vuelto a anunciar, esta vez, Aníbal Torres. Y así sucesivamente.
Una asamblea constituyente convocada por el presidente, se convertiría en un instrumento de poder absoluto. Porque su poder es omnímodo, fundacional. Lanzado el proceso, la dinámica de los hechos generaría una ola dictatorial creciente.
Por eso, el acuerdo con el Ejecutivo debe incluir, como decíamos, canalizar cualquier propuesta de cambio constitucional por las vías establecidas.
El problema, además, es que paralelamente a lo que quiera o no hacer el gobierno, el partido Perú Libre (Cerrón) ha comenzado ya a recoger firmas para un referéndum, que es la otra vía, también inconstitucional. Debería formar parte del acuerdo entonces disuadir ese esfuerzo. Tenemos que evitar la destrucción del país.
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