En manos del Congreso está el futuro del presidente Martín Vizcarra. Más allá de las discusiones constitucionales, no les falta razón a los que sostienen que el tema es político, y el político, aritmético. Los congresistas que impulsan la vacancia, incluido el especialmente interesado presidente del Congreso, necesitan 87 votos afirmativos para interrumpir el mandato presidencial.
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Por su lado, Vizcarra necesita solo 44 votos para impedir su salida de Palacio de Gobierno. Esto se consigue con los votos negativos, los que se abstienen y los ausentes. Esto hace presumir que la vacancia es muy difícil de conseguir.
En cualquier caso, el cuarto intento de vacancia en los últimos tres años es una demostración de la fragilidad de nuestra institución presidencial, pues si de presunciones de corrupción se tratara, muchos presidentes hubieran sido vacados. Sin ir muy lejos, los de este siglo: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala. No ocurrió, porque simple y llanamente los opositores no tenían los votos. De lo contrario, alguno de los tres hubiera sido vacado.
Tener una bancada numerosa, que impedía que el resto sume los 87 votos, persuadía a los vacadores. Esto no ocurrió con PPK, que tenía tan solo 18 escaños de 130, y menos con Martín Vizcarra, que carece de bancada propia. Situación que es el producto de las elecciones del 2016, que creó un gobierno de (extrema) minoría. Cuando eso ocurre, el presidente está a merced de sus opositores.
El propósito es aplicar el artículo 113 de la Constitución, que señala que se vaca al presidente de la República por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. El artículo se refiere, desde la Constitución de 1839 en adelante, a que el Congreso declara la vacancia cuando el presidente no está en condiciones físicas o morales como para poder seguir ejerciendo el cargo.
Este impedimento objetivo es de carácter físico o ‘mental’, como se entendía lo ‘moral’. Siempre lo ‘moral’ (mental, psicológico) estuvo asociado a lo físico, pues el impedimento era uno u otro, siendo ambas causales objetivas, no sujetas a interpretaciones. No se podía juntar en un mismo artículo un impedimento físico con una valoración moral en el sentido ético, como algunos quieren ahora.
¿Cómo demostrarían los congresistas que la incapacidad moral de Vizcarra será permanente? No hay forma. Pero no importa, solo cuentan los números. Por eso hoy las intervenciones no se centrarán en los supuestos de corrupción, sino que se extenderán a todos los actos del gobernante.
Por eso, algunos querrán vacar a Vizcarra por considerarlo una sanción moral, otros por venganza política, y otros por interés de alcanzar una suerte de gobierno del Congreso encabezado por Manuel Merino de Lama. El problema, sin embargo, ya no es Vizcarra, cuyo mandato termina en poco más de ocho meses, sino el terrible antecedente y mensaje para los siguientes presidentes que tengan bancadas minoritarias.
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