FEDERICO SALAZAR
Un interesante debate ha surgido entre dos grupos empresariales vinculados a medios de comunicación. El Grupo La República y el Grupo El Comercio han disputado la compra de un paquete accionario del Grupo Epensa.
Esto no tendría que pasar de un lío de blancos; pero hay quienes piensan que esto afecta la libertad de prensa. Remiten al precepto constitucional sobre monopolio y limitación de la competencia. “El Estado facilita y vigila la libre competencia.” Así empieza el artículo 61 de la Constitución. De lo que se trata es que las personas y las empresas puedan producir e intercambiar, libres de influencias ajenas a sus voluntades.
En el caso de la compra de un paquete de Epensa por El Comercio ha habido un acuerdo entre las partes. “La República”, al parecer, ofreció comprar acciones, pero El Comercio ofreció comprar a accionistas que tenían un derecho de preferencia. Hasta ahí, a mi parecer, El Comercio usó medios legítimos para conseguir algo que otros querían. Así se resuelven las diferencias en el mercado. No hubo injerencia política, del poder, la legislación o la maraña regulatoria.
Si prohibiéramos esa transacción desde el poder político, se trataría de algo contrario a lo que el Estado facilita por mandato constitucional: la libre competencia.
También dice la Constitución que el Estado “Combate toda práctica que la limite (la libre competencia) y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. ¿Compitieron libremente los grupos por el paquete accionario? ¿Se respetaron los estatutos de la empresa y se cumplió con las formalidades de la ley?
En su origen, por lo que se ve, la operación es legal y legítima. ¿Lo es en sus consecuencias? La adquisición del paquete accionario no limita el derecho del Grupo La República de adquirir otros medios o fundar unos nuevos. No hay, pues, abuso de una posición dominante.
¿Ha subido las tarifas publicitarias el Grupo El Comercio a raíz de esta compra? ¿Hay concertación de precios entre los periódicos de Epensa y los de El Comercio?
Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, los medios escritos no pueden ser objeto de acaparamiento porque no se trata del espacio radioeléctrico, que es limitado y considerado recurso natural (El Comercio, 11.9.13, A19).
Solo se puede acaparar el recurso que existe de antemano y que es agotable. Los medios escritos no son un recurso natural que el Estado deba administrar, ni se acaban porque alguien compra algunos. Se acaban y se reducen porque alguien los maneja mal, como todo recurso económico.
La forma de combatir el crecimiento de El Comercio es crecer en ventas y en ofertas. Hay que fundar más medios, y hacerlo con criterios de eficiencia comercial y mercantil.
Quitar lo que otro adquiere no es libre competencia. Eso es, más bien, lo que la Constitución proscribe. Limitar al que crece porque crece es suicida. Lo que tenemos que hacer es impedir que él no quiera dejar crecer a los demás. Ese, por lo que se ve, no es el caso.