Se está por aprobar una modificación normativa por la que desaparecerían las llamadas organizaciones de alcance provincial y distrital, por lo que no podrían competir en las próximas elecciones regionales y municipales. Pero el problema de la organización y la representación política en nuestro país es ciertamente más complejo.
En la actualidad, los partidos de alcance nacional son básicamente limeños, pero Lima (ya) no es el Perú y las listas locales son cada vez más locales. Ambos han ido perdiendo elecciones de manera sucesiva, y las organizaciones intermedias –llamados movimientos regionales– son las que han ido ganando terreno. Pero no es posible estructurar un sistema apolítico cuando los partidos nacionales carecen de raíces que tocan la provincia, ni cuando las organizaciones regionales y locales no pueden ni pretenden convertirse en nacionales, creándose un archipiélago político, que es la figura de la desarticulación y desintegración representativa peruana.
Al lado del decrecimiento electoral de los partidos nacionales, así como las listas locales, el número de triunfos de las organizaciones regionales ha crecido considerablemente, constituyéndose un grupo de líderes regionales, sin organización, pero con recursos debido, sobre todo, al importante incremento de los precios de los minerales y, con esto, mucho poder.
De esto resulta que en nuestro país la representación nacional y la representación subnacional se encuentran seriamente separadas. Los partidos políticos son más limeños que antes y, a la vez, son menos capaces de integrar el conjunto de las demandas de la sociedad peruana. Las organizaciones regionales son básicamente listas de candidatos y menos organizaciones partidarias, en parte por la hiperconcentración del poder en una sola persona. Hay pues una relación inversa entre los partidos políticos y las organizaciones regionales que deja ver el debilitamiento de los primeros y el fortalecimiento de las segundas en cada elección.
Sin embargo, el problema radica en que la mayoría de estas organizaciones regionales registra una vida efímera, desarrolla un alto personalismo en la organización, concentra más las decisiones que los partidos nacionales y el financiamiento de las campañas electorales es poco fiscalizado. Esto permite configurar un conglomerado de partidos truncados.
Esa alta rotación, dispersión y falta de vínculos partidarios hacen que los últimos gobernadores provengan de organizaciones nuevas y la gran mayoría transita por el camino del pragmatismo. Con bajos controles estatales, nada asegura que podamos encontrar nuevamente figuras iguales o peores que aquellos gobernadores que han pasado de la página política a la policial, situación que no se modificará con la ahora no reelección de gobernadores y alcaldes.
Este panorama de representación partidaria dibuja un país escindido y fraccionado, que mantiene un campo fértil para el desarrollo informal e ilegal de la política institucional, situación que se notó menos en un país con crecimiento económico, pero ahora que se ha terminado ese ciclo y la marea está bajando, se podrá percibir cuánto desperdicio había debajo. La reforma electoral está obligada a mirar este gris horizonte.
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