La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los gastos realizados por nueve partidos con el financiamiento público directo sumaron, entre julio y diciembre del 2023, unos S/ 6′684,260.59. El aplicativo Claridad muestra en detalle los gastos por cada agrupación política.
A través de un comunicado, la entidad electoral indicó que dicho monto incluye los gastos presentados por los partidos Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País - Partido de Integración Social, Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Morado, Fuerza Popular y Renovación Popular.
Por el monto de los recursos empleados, los gastos de funcionamiento ordinario fueron los más utilizados (S/ 4′651,772.46), los cuales incluyen la adquisición de activos fijos por el importe de (S/ 121,654.24), seguido de los gastos en actividades de formación (S/ 1′364,290.63), actividades de capacitación (S/ 668,197.50).
Según el reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, los gastos de funcionamiento ordinario son aquellos referidos a la adquisición de bienes (inmuebles y muebles) y otros necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política o alianza electoral. Dentro de este rubro se considera la contratación de personal y servicios diversos.
Para el caso de los gastos de funcionamiento ordinario, se aplican algunos criterios. Así, los inmuebles que adquieran para el uso de sus actividades deberán estar previamente inscritos en Registros Públicos y sin gravámenes. La adquisición del bien inmueble deberá ser elevada a escritura pública y debidamente inscrita en Registros Públicos.
A su vez, los bienes muebles que adquieran para el uso de sus actividades requieren de inscripción previa en Registros Públicos, de ser el caso, y sin gravámenes. Deben custodiar y registrar en sus libros contables, en soporte físico y digital, los comprobantes de pago de los bienes que adquieren.
Asimismo, el partido político o alianza electoral debe realizar el inventario físico de los activos fijos e intangibles adquiridos con fondos del financiamiento público directo y deberá presentarlo cuando se le requiera.
Igualmente, el personal que se contrate para labores de asesoramiento, de organización interna, tales como contabilidad, administración, recursos humanos, y otras actividades, deberá contar con una experiencia mínima de un año en labores afines al rubro para el cual será contratado.
El reglamento fija también que la ONPE verifica que la contratación de bienes y servicios efectuados por la organización política sean destinados a los fines de la contratación.
La ONPE precisa que no se consideran gastos de funcionamiento ordinario aquellos destinados a solventar publicidad política con fines electorales en medios de comunicación o promover o difundir la imagen de una o varias personas vinculadas al partido político o alianza electoral.
Tampoco se consideran gastos de funcionamiento ordinario aquellos destinados a solventar gastos vinculados a las campañas electorales, realizar o contratar servicios referidos a encuestas, realizar actividades orientadas al financiamiento proselitista u otros que no se encuentren vinculados directamente al fortalecimiento y a las necesidades operativas y administrativas ordinarias del partido o alianza electoral.
Ninguno de los nueve partidos políticos mencionados registra gastos en actividades de investigación, es decir, trabajos de acopio, análisis, diagnóstico, estudios comparados, entre otras, en relación a problemas nacionales o regionales de carácter socioeconómico o político, según la Ley de Organizaciones Políticas.
Verificación
Cada informe de rendición de cuentas del financiamiento público directo es objeto de verificación y control a través del equipo de auditores, así como de visitas de verificación programadas e inopinadas a los locales de los respectivos partidos políticos, acciones que son difundidas en nuestras redes sociales. Esto con el propósito de validar la información presentada en los plazos establecidos sobre la documentación registrada en sus libros contables, que culmina con la emisión de un acta, mediante la cual se podrían advertir incumplimientos y presuntas infracciones a la norma.
Culminada las acciones de verificación y control, la ONPE emite el informe técnico respectivo, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento, y de encontrar infracciones, se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador correspondiente.