Yenifer Paredes Navarro –joven cuñada del presidente Pedro Castillo considerada como una hija más de este– se suma a la lista de familiares del mandatario que enfrentan problemas con la justicia.
La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación preliminar contra la hermana menor de la primera dama Lilia Paredes por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.
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La medida comunicada el lunes por el Ministerio Público se da luego de que “Cuarto Poder” difundiera un video de setiembre del 2021, en el que se aprecia a la joven ofreciendo una obra de saneamiento a los vecinos del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca. Ello sin ser funcionaria pública, aunque portando un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C.
La bachiller en Administración –según la Sunedu– estuvo aquella vez acompañada de Hugo Espino Lucana, gerente general de la referida empresa. El Comercio reportó en febrero pasado que la compañía conformó un consorcio al que el Estado (Municipalidad Provincial de Cajatambo) adjudicó, el 16 de setiembre del 2021, una obra de remodelación de un colegio por S/3′876.061,73.
Asimismo, Espino Lucano registra cinco visitas a Palacio de Gobierno entre el 8 de agosto y el 18 de octubre del año pasado: dos de ellas a Yenifer Paredes, bajo el rótulo de “hija mayor” del mandatario, y una a la primera dama.
Para el abogado penalista Andy Carrión, es acertada la imputación inicial de la fiscalía respecto de un tráfico de influencias, pues Yenifer Paredes “habría intercedido para beneficiar a una empresa ante algún funcionario público u otros”.
Sin embargo, advirtió a El Comercio que los hechos también se enmarcan en otros supuestos ilícitos. “Estaríamos ante un eventual delito de usurpación de funciones, al ser familiar del presidente y de la primera dama estaría usurpando la función de algún funcionario público, porque trató de hacer alguna encuesta a los pobladores atribuyéndose una función que no ostenta […] Eventualmente, el delito de colusión, porque no se requiere únicamente que exista un funcionario público, sino que es bilateral y puede configurarse al particular favorecido, que sería el empresario que la acompaña, y también a aquellos que interceden para que sea favorecido ese particular, que sería la hermana de la primera dama”, acotó.
En cuanto a las diligencias que se deberían de señalar, Carrión consideró que se tendría que citar a la hermana de la primera dama para que rinda sus descargos, al empresario y a todos los involucrados. Incluso no descartó que otra medida sea el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.
La también penalista Cecilia Madrid sostuvo que la decisión fiscal es coherente con los hechos, pues habría un intento de favorecer a la citada empresa para que contrate con el Estado. Además, recordó que el delito de tráfico de influencias no solo es aplicable a un funcionario.
Respecto de una presunta usurpación de funciones, Madrid indicó que un aspecto a aclarar es si el censo que Yenifer Paredes indica busca realizar a la población de Chadín –de acuerdo al video– es en representación del Estado o de una empresa.
“A medida que avance la investigación, el fiscal podrá determinar si hay elementos para incorporar a otras personas o pasar a una siguiente etapa de investigación formal”, añadió.
Desde el Congreso
Las medidas no solo se dan a nivel de la fiscalía, sino también del Congreso de la República.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, indicó a El Comercio que su grupo citará a Yenifer Paredes para el miércoles 13 de julio.
“Ella toma atribuciones de hablar en nombre del presidente. ¿Qué poderes tiene ella de ofrecer esa obra? [...] Este es un acto de control político que está cumpliendo la comisión”, manifestó el legislador de Fuerza Popular.
Él y otros parlamentarios habían pedido, precisamente, que el Ministerio Público tome acciones.
Quien también se pronunció fue María del Carmen Alva, presidenta del Congreso: “Hay que investigar, la familia no puede participar en nada. Esto es tráfico de influencias evidentemente, hay que ser transparentes. Lamentablemente siguen saliendo cosas muy delicadas sobre la familia del presidente”.
Ejecutivo no deslinda
En el Ejecutivo también hubo pronunciamientos, pero no de un claro deslinde o mucho menos de explicaciones sobre los hechos.
El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, justificó la presencia de Yenifer Paredes en Chadín. “Veo a la hermana de la primera dama viendo y gestionando algunas obras para su pueblo […] Indudablemente, si ha habido alguna situación adicional, tengo la seguridad de que ella podrá hacer los descargos. Pero veo que está haciendo una gestión, interponer sus buenos oficios”, declaró a la prensa.
No obstante, el penalista Carrión indicó que la declaración de Gavidia no favorece a la defensa legal de la joven. “La complica en absoluto, porque está gestando intereses. Y esa gestión de intereses es el elemento configurador del tráfico de influencias. Poco favor le está haciendo esa defensa por parte de este ministro”, explicó.
Madrid apuntó que si se diera el escenario planteado por Gavidia, Yenifer Paredes tendría que aparecer en el registro público de gestión de intereses, de acuerdo a la normativa vigente.
“La ley de gestión de intereses dice que esta gestión se tiene que dar en un determinado marco y de manera pública. Por ejemplo, anotar las visitas que ella realiza en entidades públicas indicando el motivo. Ella puede solicitar, promover la realización de una obra en el marco de su comunidad, pero los ciudadanos tenemos derecho a conocer a la persona que está realizando la gestión para evitar que aquello puede ser entendido como un acto subrepticio de corrupción. Si esto no se realiza en el marco de la ley de gestión de intereses, no podría decirse que es una gestión de intereses. Esta tiene que ser publicitada, transparente”, aseveró.
Cabe recordar que, de acuerdo al video difundido, la joven pide a los vecinos que no graben su visita con sus teléfonos celulares ni compartan los videos.
En tanto, consultado por la prensa tras una actividad en Comas, el presidente Castillo no se expresó de forma clara sobre el asunto ni respondió directamente sobre su cuñada, aunque señaló que “al final, la verdad va a apremiar”.
“No he venido a dar algunas muestras de corrupción. De eso estoy totalmente seguro. No me van a encontrar por más que se busque temas así, que son históricos en el Perú […] Hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que lo sigan haciendo. Vamos a dar nosotros el pecho”, sentenció y consideró importante que los medios de comunicación investiguen a fin de esclarecer los hechos.
Más temprano, Castillo apareció precisamente junto a su esposa Lilia Paredes durante un evento en Palacio de Gobierno sobre el sistema de aseguramiento universal de salud.
El Código Penal tipifica el delito de tráfico de influencias con una sanción de dos a cuatro años de cárcel.
"Artículo 400.- El que, invocando influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años", dice la norma.
En este caso, el proceso administrativo sería un contrato con el Estado, según explicó la penalista Cecilia Madrid.
Desde marzo se encuentra prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo sobre quien pesa una orden de 24 meses de prisión preventiva por el Caso Puente Tarata III. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una alerta internacional de búsqueda y captura en su contra.
Gian Marco Castillo Gómez es otro sobrino del mandatario investigado por integrar una presunta organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En mayo, el Poder Judicial revocó una orden de prisión preventiva contra él y le impuso la medida de comparecencia con restricciones.
Rudbel Oblitas Paredes es uno de los hijos de Lelis Paredes, cuñada del presidente Castillo. Mantiene una orden de impedimento de salida del país y es investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal. La empresaria Karelim López también lo ha implicado en la mafia que opera en el MTC.
Fany Oblitas, hermana de Rudbel, contrató con el MTC por S/18.000 en febrero pasado. En marzo, “Panorama” reportó que ella obtuvo una primera orden de servicio el 4 de febrero, solo un día después de haber sido declarada hábil para contratar con el Estado. Por entonces, el ministerio dijo desconocer los lazos familiares de la joven.
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