Cinco congresistas presentaron este jueves un proyecto de ley que busca revocar el acuerdo que remitió la autógrafa que convoca a referéndum sobre el retorno al sistema parlamentario bicameral y la reforma que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios.
La iniciativa, que también solicita modificar el decreto supremo de convocatoria a referéndum, está firmada por Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Elías Rodríguez, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y Mario Mantilla (Fuerza Popular).
Según la propuesta, el presidente Martín Vizcarra cambió de postura sobre el retorno al sistema parlamentario bicameral en menos de cuatro días, pues al principio saludó la aprobación de la propuesta y el trabajo hecho por el Congreso, pero cuando convocó a referéndum indicó que la misma reforma había sido “desnaturalizada”.
“Habiéndose llevado a engaño -voluntario o no- a los legisladores, cabe plantear una derogatoria de los dos proyectos […] propiciándose para ello que se reabra la discusión para incorporar modificaciones más profundas y más cercanas a la vida de las personas”, sostiene el proyecto.
En diálogo con El Comercio, Javier Velásquez Quesquén, uno de los firmantes, manifestó que existe la voluntad de volver a revisar algunos puntos observados por el mandatario y que su bancada actúa con el debido respeto al marco constitucional. Para esto, el mencionado proyecto deberá ser visto por la Comisión de Constitución.
“La bancada aprista ha decidido revocar el acuerdo en el que se le envía dos de las cuatro reformas con la finalidad de que vuelvan al Parlamento. Veríamos nuevamente lo relacionado a la declaratoria de intereses, la paridad y la cuestión de confianza“, dijo Velásquez Quesquén.
“Si se dice que se ha contrabandeado algo, lo mejor es que vaya a referéndum solo lo de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia, y el financiamiento privado de los partidos políticos”, añadió.
Cabe indicar que la iniciativa congresal también argumenta que deben revisarse otros puntos relacionados a los derechos fundamentales de las personas, derechos sociales de las poblaciones vulnerables, derechos laborales y la lucha frontal contra la delincuencia común, la corrupción y el feminicidio.
Además, las modificaciones también podrían abocarse a temas como la simplificación administrativa, el fortalecimiento de los partidos políticos y el empoderamiento de la mujer.
“La crisis no se resolverá con el referéndum propuesto. Son tímidos maquillajes y cambios de nombres que no enfrentan la raíz de los problemas de corrupción y latrocinio en el ejercicio de la función pública ni apuntan directamente a los organismos más cuestionados”, sentencia el proyecto de ley.
Relacionadas