La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiendo así la inhabilitación por 10 años de la función pública que les impuso el Congreso de la República, el 8 de marzo de 2024.
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“Se suspenda los efectos jurídicos de los Acuerdos adoptados el 7 de marzo de 2024 en relación a los solicitantes, mediante los cuales el Pleno del Congreso de la República, aprobando la Acusación Constitucional originada en la Denuncia Constitucional 373-2023, dispuso inhabilitarlos de toda función pública por el término de 10 años”, señala el escrito.
Agrega que la sanción impuesta a Inés Tello y Aldo Vásquez afectaría la “independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones” como miembros de la Junta Nacional de Justicia, al imputarles una inhabilitación por una discrepancia de criterio al resolver una materia relacionada con el autogobierno de la JNJ.
La inhabilitación planteada contra Vásquez y Tello, según los magistrados, fue “arbitraria e inconstitucional” ya que la participación de los congresistas José Jerí y José Luna Gálvez, fue irregular al ser miembros de la Comisión Permanente.
En el caso de Aldo Vásquez, se advirtió que la inhabilitación se produjo en segunda votación, “luego de negociaciones ilegítimas para alcanzar los votos suficientes a través de una reconsideración que careció de sustento alguno”.
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