La Sala Penal Nacional de Apelaciones de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dejó al voto el recurso presentado por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, contra la decisión de un juez que rechazó la prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El ex mandatario se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 28 de abril pasado.
Por cerca de una hora y en audiencia pública, la sala escuchó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa de PPK. Antes de levantar la sesión, se anunció que la resolución se dará a conocer a través de los correos electrónicos de las partes procesales.
Durante la audiencia el fiscal superior Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, anunció que la Fiscalía Superior para casos de Lavado de Activos, se desistiría parcialmente de su apelación en cuanto al incumplimiento de reglas de conducta del expresidente.
Explicó que por ello, retiraban el cuestionamiento vinculado a que PPK habría incumplido la regla impuesta para que no realice reuniones sociales en el inmueble donde cumple arresto domiciliario.
Recordó que el fiscal provincial José Domingo Pérez consideró como “reuniones sociales” las visitas de los exministros Alfredo Thorne, Cayetana Aljovín, y Mercedes Araoz , en diversas fechas; y que, por ello, se concluía que Kuczynski no se encontraba en un estado de salud grave.
“Para el Ministerio Público, en esta instancia superior, debemos dejar constancia que no existe evidencia alguna en los actuados presentados por la fiscalía provincial (de José Domingo Pérez Gómez) que nos permitan inferir siquiera válidamente que las reuniones que hace referencia el fiscal provincial sean reuniones de tipo social y tengan incidencia en la resulta de esta y otras investigaciones, por esas razones el MP procede a desistirse de ese extremo”, explicó fiscal superior Hernán Wilfredo Mendoza.
De otro lado, la fiscalía ratificó su pedido de variar la detención domiciliaria de PPK en los extremos referidos al incumplimiento de realizar reuniones políticas y reunirse con testigos.
Sobre las reuniones políticas, dijo el fiscal superior, se encuentra la visita que la vicepresidenta Mercedes Araoz realizó a Kuczynski el 12 de agosto del 2019, antes de su renuncia al partido de Peruanos por el Kambio.
Además, de las reuniones que realizaron los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta. Junto a la visita que le realizó el empresario José Morales Dasso -exapoderado legal de la empresa de PPK- quien será citado a declarar en el Caso Westfield (por el que se dictó la prisión preventiva).
César Nakazaki, defensa legal de Kuczynski, dijo a su turno que las normas de conducta impuestas en el arresto domiciliario de su cliente, “no puede interpretarse de manera literal y general”. Agregó que, a su entender, las medidas dispuestas contra PPK fueron para evitar la obstaculización “para este proceso penal (Westfield) y no de otros casos”.
Respecto a las visitas de Araoz, Nakazaki sostuvo que la fiscalía no puede demostrar que se haya tratado de una reunión política la visita que realizó Mercedes Araoz ante de renunciar a su bancada política. “Lo único que tiene es el registro de visitas. Esto no prueba ninguna actividad política ”, dice.
Finalmente, el abogado de PPK sostuvo que la única forma de variar el arresto domiciliario de su patrocinado y dictarle prisión preventiva, es que las causas humanitarias relativas a la edad y el mal estado de salud; por las que se dispuso una detención en su vivienda, hayan desaparecido.
Sin embargo, puntualizó, que no existe un peritaje médico que demuestre que PPK no siga enfermo.
La Sala de Apelaciones dejó al voto el pedido y anunció que notificará su decisión a las partes procesales en el plazo correspondiente.
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El viernes 23 de agosto, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el pedido de José Domingo Pérez para imponer la prisión preventiva contra PPK, investigado por el caso Odebrecht.
El fiscal apeló esta decisión porque, a su criterio, su pedido no tenía ninguna carga inhumana o política, ya que en dos instancias se consideró que había peligro de fuga, peligro procesal y sospecha grave de que el otrora jefe del Estado (2016-2018) cometió el delito de lavado de activos.
En su momento, Pérez indicó que el juez Chávez Tamariz consideró que al expresidente le correspondía prisión preventiva, pero este pedido se varió tras un desistimiento del Ministerio Público y se mostró confiado en que “una instancia superior” fundamentará su requerimiento contra PPK.
El fiscal solicitó que Kuczynski afronte la investigación que se le sigue en su contra recluido en un centro penitenciario por supuestamente haber violado las reglas de conducta que le impuso la Primera Sala Superior de Apelaciones Anticorrupción.
El exmandatario habría incumplido con tres restricciones: la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que tiene a su cargo, así como la restricción del realizar reuniones sociales en el inmueble donde se encuentre detenido y la prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente.