La Unidad de Investigación de El Comercio reveló, el domingo, que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia habrían recibido más de US$16 mlls. del ‘club de la construcción’ . Según testigos, José Paredes, hermano del entonces titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le entregaba al exmandatario maletines con sobres manila y bolsas con fajos de US$10 mil en Palacio de Gobierno. La exprimera dama habría participado en las operaciones.
“En una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, José Paredes le comunicó a Ollanta Humala Tasso lo conversado con [Carlos] García Alcázar [exfuncionario del MTC y operador del ‘club de la construcción’]” sobre el 3% de soborno de cada obra ganada que estaban dispuestas a entregar las empresas del ‘club’ para repartirse los proyectos. “Carlos García comentaba que los porcentajes para las partes involucradas como beneficio sería del 3% que se distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2% correspondería a Ollanta Humala, el saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano Carlos Paredes”, dice el documento al que El Comercio tuvo acceso.
► Humala y Heredia habrían recibido más de US$16 mlls. del ‘club de la construcción’
Justamente, el 24 de abril del año pasado, El Comercio publicó un informe en el que explica qué es el 'club de la construcción y cómo operaba en el MTC, que ayuda a entender el testimonio del colaborador eficaz que involucra a la otrora pareja presidencial:
Aquel día, Jorge Barata, el ex jefe de Odebrecht en el Perú, había confirmado, ante el equipo especial Lava Jato en Brasil, la existencia del denominado ‘club de la construcción’ y añadió que le consta de sus operaciones desde el 2001 hasta el 2012.
Sin embargo, no entró en detalles. Se excusó diciendo que estuvo al frente de Odebrecht- Perú hasta el 2012, y que las obras que su empresa ganó mediante el ‘Club’ se realizaron en un período posterior. Dijo a los fiscales, eso sí, que quienes tenían mayor conocimiento eran Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht y Renato Bortoletti, ex director de contratos de la misma constructora.
De acuerdo a Barata, Serra y Bortoletti eran los representantes de la constructora brasileña en las reuniones del referido ‘club’.
La declaración de Barata no hizo más que ratificar la tesis de la fiscalía: que existió un cartel de empresas que sobornaban a funcionarios de Provias Nacional (entidad dependiente del Viceministerio de Transportes) con el propósito de conseguir las obras de infraestructura vial que el MTC convocaba a licitación.
El ‘club’ era una cartelización empresarial de constructoras peruanas y extranjeras que en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse las obras. Un Lava Jato a nivel local, según refieren personas cercanas a la investigación.
Provias Nacional no es cualquier dependencia del MTC. Es la unidad ejecutora que maneja un promedio de S/ 7 mil millones de presupuesto, más del 60% del total que tiene el sector.
Tiene a su cargo ejecutar las obras de infraestructura vial en el país (puentes, carreteras, etc), al igual que su rehabilitación y mantenimiento. Por tal razón, Provias se convirtió en un botín para el 'Club' a tal punto que captaron a funcionarios para que velaran por sus intereses a cambio de cuantiosos sobornos.
El exministro de Transportes, Edmer Trujillo, informó al Congreso, en febrero de año pasado, que al menos 61 empresas relacionadas al ‘club’ firmaron contratos con el actual gobierno. De igual modo, dijo que en la gestión del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) dicha cifra fue de 80 y que en el mandato de Alan García (2006-2011) se suscribieron 70.
Sobre estas dos últimos gobiernos, Trujillo dijo que los contratos se hicieron con más del 100% del precio referencial de la obra.
Existe un debate sobre cuándo empezó a operar este grupo. Según Barata, el ‘club’ existía desde el 2001. Sin embargo, Trindade Serra, en su interrogatorio del 22 de febrero del año pasado en Brasil, dijo que este empezó a funcionar en 1996. Fuentes de este Diario sostienen, en cambio, que este grupo es mucho más antiguo.
Actualmente, el equipo especial de la fiscalía investiga este caso dentro del periodo 2011-2014, a raíz del testimonio de dos aspirantes a colaboradores eficaces que les detallaron cómo funcionó el ‘club’ y sus operadores.
Los dos personajes claves son: Carlos Eugenio García Alcazar y Rodolfo Priale de la Peña ambos investigados por la fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de dinero. El primero fue asesor del viceministerio de Transportes (agosto del 2011 hasta julio del 2014), mientras que el segundo era el intermediario con las constructoras y el MTC.
Los casos de García Alcazar y Rodolfo Priale de la Peña (ambos con prisión preventiva) ejemplifican como operaba esta presunta organización. De acuerdo a la fiscalía, el ‘Club’ funcionaba a tres niveles.
El primer nivel estaba integrado por las empresas constructoras, el segundo por sus intermediarios y el tercero por los funcionarios públicos captados. A este último nivel pertenecía García Alcázar, quien como funcionario del MTC coordinaba con las constructoras las obras que se iban a licitar y hacía las gestiones para que les sean entregadas. Priale de la Peña era el lobbista que, además de defender los intereses de las constructoras, utilizaba empresas de fachada para que sean canalizados los sobornos.
El soborno, de acuerdo a información obtenida por la fiscalía, era entre el 2.92% al 3% del valor referencial de la obra.
Como ejemplo está el caso de José Paredes, hermano del exministro de Transportes Carlos Paredes (gobierno de Ollanta Humala).
De acuerdo al testimonio de dos colaboradores eficaces, José Paredes habría recibido US$ 17 millones del 'Club', a través de García Alcázar y Priale de la Peña. Los pagos se hacían en efectivo en hoteles en Lima, como el Blue Star de San Isidro, según informó “Panorama”, pero también en un departamento que era alquilado por el lobbista.
El exministro Paredes niega algún vínculo con García Alcazar y los presuntos ilícitos que investiga la fiscalía. Sin embargo, fue a través de una resolución firmada por él que nombró a García asesor en el MTC.
Un aspirante a colaborador eficaz contó también que aportaron US$ 100 mil a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski del 2016. Era una de sus modalidades para infiltrarse en el poder político, según la tesis de la fiscalía, para captar nuevos funcionarios.