En la misma semana en la que se recabaron nuevos testimonios sobre el caso del financiamiento a la campaña de Ollanta Humala, el fiscal Rafael Vela recibió la noticia de que el ex presidente y su esposa saldrían en libertad. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus y revocó la prisión preventiva que pesaba contra ellos desde hace nueve meses. Desde Brasil, Vela se pronuncia.
—¿Cuál fue su reacción al conocer el fallo del TC sobre el hábeas corpus que revoca la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia?Fue una reacción de absoluta tolerancia y respeto a su institucionalidad. Lo que resuelve el TC debe ser de estricto respeto por todas las instituciones. Aunque eso no lo releva, por supuesto, de la crítica por discrepancias con muchos de los aspectos resueltos.
—Para algunos, la resolución constituye una derrota de la fiscalía.No lo es, en absoluto. La demanda de hábeas corpus está dirigida contra el Poder Judicial y no contra el Ministerio Público. El fallo del TC no altera nuestra planificación estratégica. Hemos logrado consolidar testimonios, con garantía de contradicción, de toda la plana mayor de la empresa Odebrecht. Se han tomado declaraciones en dos oportunidades de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri y Fernando Migliaccio.
—Si el fallo no representa una derrota, ¿por qué le preocupaba tanto que fuese desfavorable?Expresamos una preocupación por la correcta argumentación jurídica realizada por muchos jueces que intervinieron en toda la secuela del análisis de la prisión preventiva. Y también por el precedente que puede generarse en la aplicación del mecanismo asegurador de la prisión preventiva para casos análogos.
—El presidente del TC, Ernesto Blume, calificó como “deleznable” el argumento de que la detención ya había sido confirmada por tres instancias. ¿Cómo toma esa frase?Es su respetable opinión. Nosotros siempre nos expresamos con respeto y dentro de lo que corresponde a una preocupación institucional. Esperábamos ese nivel de tolerancia también de los magistrados. Nuestra voz es una voz de parte, que se contrapone a las de ex ministros o manifestantes públicos que acuden a la puerta del TC. Si eso no ha sido objeto de una respuesta específica del doctor Blume, él sabrá por qué se dirige solo a la vocería del Ministerio Público.
—¿La decisión del TC podría entorpecer la labor fiscal a pesar de no sentar un precedente vinculante?Bueno, establece doctrina constitucional. Los jueces tendrán que ser capaces de compatibilizar los argumentos que ha expresado –por mayoría– el TC y entender si estos son convalidables dentro de la estructura de lucha contra la gran criminalidad.
—¿Por qué aspectos, en su opinión, el fallo resulta preocupante?Es preocupante la interpretación que se hace sobre escuchas telefónicas. En todos los casos de criminalidad organizada, se usan para las prisiones preventivas y ninguna de ellas es objeto de contradicción previa. Eso llevaría al absurdo de asumir que para poder dar un golpe contra una organización, primero se les tendría que avisar que son escuchados por varios meses y darles a conocer el contenido. Si es así, las escuchas quedarían vaciadas de contenido y nunca servirían para obtener un fin asegurador.
—¿Por qué cree que la defensa optó por una vía más larga como la constitucional en lugar de buscar el cese de la prisión preventiva?Eso lo deben responder los abogados. Se quejan de que fue injusta y arbitraria la prisión preventiva. Sin embargo, en nueve meses nunca activaron el mecanismo procesal idóneo. Y, ya en términos especulativos, debe ser porque conocen la gravedad y cantidad de elementos de convicción incorporados en la investigación.
—Dijo que si se revocaba la prisión, el caso se ponía en riesgo. ¿Se ratifica?Pensábamos que la detención era lo que correspondía. El TC decidió en otro sentido y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Naturalmente, si se produce alguna fuga, no será responsabilidad nuestra. Lo mismo en el caso de una eventual obstaculización de la actividad probatoria.
—¿El paso inminente es proceder con la acusación?La etapa de investigación preparatoria está concluyendo. Entraremos a una etapa intermedia en cuestión de días y, luego de eso, se formularán las pretensiones acusatorias. Luego, se entrará al control de legalidad correspondiente que realiza el Poder Judicial. Ahí los momentos se definirán en función de que el control de legalidad entre a la agenda judicial.
—¿La entrega de la acusación sí podría darse en los próximos días?Sí. La entrega de la acusación se daría en los próximos días. Hay un máximo de 30 días para redactarla, pero probablemente tome menos tiempo.
—¿La fiscalía hace algún mea culpa en torno a estos nueve meses de prisión preventiva en los cuales pudieron presentar la acusación?No hay ninguna autocrítica por hacer en el caso de Humala y Heredia. Somos la única fiscalía que logró consolidar, reitero, el testimonio de toda la plana mayor de Odebrecht. No depende de nosotros el momento en el cual se programan estas declaraciones, sino de la activación de mecanismos de cooperación internacional y, además, de la disponibilidad de autoridades brasileñas. Esta necesidad de corroborar y averiguar la verdad es la que condicionó la demora.
—Entonces, cuando solicitaron la prisión preventiva, estimaban una acusación más rápida.Había plazo para seguir investigando y tener aseguradas a las personas hasta 18 meses. Pero cuando existe la medida de prisión preventiva, el fiscal también tiene que contemporizar las circunstancias de la privación de libertad. Es verdad que en algún momento la planificación estratégica del Ministerio Público tuvo que cambiar. Tuvimos que desarrollar un plan de estrategia paralelo para activar los mecanismos de cooperación.
—Por la información difundida durante los últimos días, uno podría decir que el caso terminó de armarse con lo declarado por Luiz Mameri y Fernando Migliaccio en Brasil. ¿Es así?Puedo comentar que los interrogatorios, tanto de Migliaccio como de Mameri, han sido muy precisos y han contribuido notablemente con información al fiscal Juárez Atoche dentro de lo que corresponde a la tesis que viene siguiendo. Estamos plenamente satisfechos. La corroboración formará parte ya de una valoración conjunta de todos los elementos incorporados en la investigación fiscal.
—¿La fiscalía tiene certezas de que el dinero recibido tuvo origen ilícito?Está claro –porque además está consolidado en la justicia brasileña– que todas las actividades realizadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht son de naturaleza ilícita. Y los fondos utilizados también.
—¿Tienen la seguridad de que el ‘Programa OH’ se refiere a Humala?Puedo informar, sin ser específico, que es un tema absolutamente consolidado. Para el Ministerio Público, está claro que OH es Ollanta Humala. La ‘planilla italiano’ era de absoluto dominio de Marcelo Odebrecht. Él ya dijo que OH es Ollanta Humala y que los 4,8 millones de reales corresponden a la tasa de cambio de la época de US$3 millones. Como es de público conocimiento, lo puedo comentar.
—La defensa de los Humala-Heredia señala lo contrario.No sé si dirán lo mismo ahora.
—¿Durante las diligencias en Sao Paulo se avanzó también en consolidar la teoría fiscal respecto al presunto aporte de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011? Sí, también. La información aportada es sumamente relevante.
—¿Fueron declaraciones igual de contundentes que las primeras?Los dichos de Mameri y Migliaccio guardan relación sobre ambos casos. Hay un hilo conductor. No puedo revelar contenido específico, pero se complementan. En el caso del fiscal José Domingo Pérez, la velocidad nos ha acompañado con mayor eficacia.
—¿Que ciertos funcionarios de Odebrecht no hayan conocido el destino del dinero colisiona con la teoría fiscal, como señala la defensa? El Departamento de Operaciones Estructuradas fue diseñado para que ninguno de sus integrantes pudiera conocer el destinatario del dinero. Trabajaban con lo que se llama ‘codinombres’. El único que sabía era el líder empresarial y el funcionario de mayor nivel en cada país. Solo el caso del señor Humala es diferente porque se trató de un pedido expreso de Marcelo Odebrecht, a solicitud del Partido de los Trabajadores.
—¿A Mameri y Migliaccio se les consultó también por casos de otros políticos como Alejandro Toledo, Alan García o Pedro Pablo Kuczynski?Eso sí no lo puedo comentar. No puedo dar detalles hasta que la información sea incorporada a la investigación que corresponda.
—¿En cuánto tiempo llegarán al Perú las declaraciones?Es probable que sea esta semana.