Patricia Benavides: según testigo protegido presunta red criminal todavía mantendría coordinaciones

“Está la declaración del testigo protegido, recibida el 9 de febrero del 2024 ante este despacho fiscal supremo, dando cuenta de la continuidad de las actividades de esta presunta organización criminal que estaría vinculada a la investigada”. De esta manera, el fiscal supremo provisional, Marcial Páucar, advirtió que los presuntos integrantes la citada red, que lideraría Patricia Benavides, habrían continuado desplegando sus actos criminales, incluso después de que ésta fuese suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Dicha afirmación la realizó durante la sustentación del pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides, que solicitó la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos ante el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

Según las pesquisas, indicó el fiscal, Benavides es investigada como la presunta líder de una organización criminal y cuyo cargo, como titular del Ministerio Público, le habría permitido acceder a otros miembros de la red con el objetivo de maniobrar frente a otras instituciones como el Congreso y terceros a fin de sortear las investigaciones que se le presentaban en el Parlamento y la JNJ.

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Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.

Recordó que a Benavides se le imputan seis hechos como la creación de una presunta red criminal y supuestas acciones ilícitas con el congresista José María Balcázar; así como con otros parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

También se le imputan coordinaciones con diversos legisladores para la elección del defensor del Pueblo; la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y buscar la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Para el fiscal, existen elementos de convicción que vinculan a la suspendida funcionaria del Ministerio Público con los presuntos delitos atribuidos, los mismos que fueron corroborados con documentación, testimoniales y declaración de colaboradores eficaces y testigos protegidos.

En ese sentido, reiteró que a pesar de las investigaciones abiertas en contra de Benavides, ésta habría tenido coordinaciones con sus coimputados para desplegar acciones que dificulten la investigación, según lo declarado por el Testigo Protegido 01-2024.

“La pertenencia de la investigada a una presunta organización criminal, la cual se encontraría enquistada en el Ministerio Público y conforme lo han relatado los diversos testigos convocados por el despacho fiscal supremo, y la extensa documentación, corroboraría que esta presunta organización criminal no habría culminado sus actividades con la suspensión (de Patricia Benavides) emitida por la Junta Nacional de Justicia, sino que de acuerdo al Testigo Protegido 01-2024, todavía se mantendrían coordinaciones a efectos de que algunos testigos o algunas pruebas no se puedan llevar a cabo o alcanzar a este despacho fiscal”

Marcial Páucar, fiscal supremo provisional

El representante del Ministerio Público señaló que Benavides habría infringido los deberes propios del cargo de fiscal de la Nación al establecer relaciones extraprocesales con los abogados José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca, quienes habrían estado interesados en los procesos que tenían en las fiscalías de lavado de activos.

Durante la audiencia, el fiscal Páucar Chappa sostuvo que, en este caso, el impedimento de salida del país es la mejor forma de asegurar la comparecencia de Patricia Benavides ante una eventual antejuicio y posterior proceso penal. De esta manera, puntualizó, estaría sometida a un régimen de control en el Perú. Advirtió que se generaría un entrampamiento en la administración de justicia si ésta fugase o eludiera la acción de la justicia.

“Se viene investigando una presunta organización criminal que la investigada encabezaría, quien habría instrumentalizado el más alto cargo de fiscal de la Nación para cometer los diversos delitos graves de corrupción. Estamos pues frente a un delito donde existe mayor nivel de reprochabilidad debido a su condición”, sostuvo.

Páucar también pidió al juez considerar la “falta de voluntad de someterse a la justicia” por parte de Benavides Vargas, puesto que en la carpeta 1228-2023, ésta presentó escritos solicitando la suspensión de diversas diligencias debido a una tutela.

Además, recordó que el 22 de enero del 2024, su despacho fiscal solicitó la entrega voluntaria de los equipos celulares de la ex fiscal de la Nación para realizar las diligencias que le faculta la ley, pero lejos de entregarlos, el 31 de enero, Benavides pidió una precisión sobre el objeto de investigación.

“Pero esta misma situación de comportamiento lo vamos a encontrar en otros procesos, como por ejemplo, según las declaraciones de Jaime Villanueva, las presuntas coordinaciones con el congresista (José María) Balcázar para archivar las denuncias en su contra en el Congreso y en los procedimientos ante la Junta Nacional de Justicia”, indicó.

Precisó que debido a otros hechos vinculados a la presunta red criminal que lideraría, también se han abierto otras tres carpetas fiscales.

En otro momento, el fiscal enfatizó que no se trata de testigos indirectos, sino directos que participaron en los hechos.

El señor Villanueva es un testigo directo. El testigo protegido 1-2024 no es un testigo indirecto, es un testigo que está dando cuenta de hechos que le constan de manera directa”.

Marcial Páucar, fiscal supremo provisional

Así también, Páucar señaló que Benavides habría realizado viajes -cuando era fiscal- que no estaban autorizados y pidió tenerlo en cuenta.

Finalmente, subrayó que la suspendida fiscal no contaría con los arraigos domiciliario o laboral que puedan acreditar que no eludirá a la justicia. Agregó que el requerimiento de impedimento de salida del país, es la medida más flexible, frente a otras como el arresto domicilio y la prisión preventiva. Y, en todo caso, Benavides podría solicitar permiso judicial si quisiera salir del país.

A su turno, el procurador adjunto de la Procuraduría General del Estado, Eddy Betalleluz, respaldó el pedido fiscal y sostuvo que existe la necesidad de asegurar a las personas investigadas y puntualizó que se ha evidenciado un requerimiento sólido con suficientes elementos que vinculan a Patricia Benavides con los ilícitos que se imputan.

En todos estos hechos, sostuvo, se cuestiona a la suspendida fiscal sobre sus grados académicos, los presuntos actos de corrupción de su hermana Enma Benavides y las presuntas coordinaciones con representantes de diversos partidos políticos en el Congreso, incluso con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Es decir, señor juez, el nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país a fin de concretar sus fines ilícitos, y que otros funcionarios del más alto nivel quiebren sus obligaciones y contribuyan a los propósitos ilegales de Patricia Benavides, los mismos que ameritan que esta medida requerida se concrete a fin de asegurar la indagación de la verdad y las responsabilidades pecuniarias de los que aparecen como responsables de los hechos.”

Eddy Betalleluz, procurador adjunto de la PGE

Durante la audiencia, Christian Salas, abogado de Patricia Benavides, rechazó las imputaciones en contra de su patrocinada y solicitó que se rechace el impedimento de salida del país.

La defensa cuestionó que la fiscalía presente como elementos de prueba las resoluciones y documentos de los nombramientos de fiscales, la declaración de testigos como Rafael Vela, el abogado Eduardo Roy Gates, y los testimonios del ex asesor Jaime Villanueva sobre las presuntas conversaciones que tenía con congresistas y que estas eran de conocimiento de Benavides.

“Dichos que, por cierto, no logró -durante todos estos meses- corroborar, porque él mismo afirmó, en sus declaraciones, que su teléfono él lo destruyó, no lo tiene, no tiene esas conversaciones temporales porque eran de aplicativo Signal. Entonces, ¿dónde están las corroboraciones de ese dicho de ese aspirante (Villanueva)? No hay nada”, dijo.

En otro momento, aseguró que Jaime Villanueva, aspirante a colaborador eficaz, “lo que hace es tomar datos de conocimiento público” y “armar una hipótesis” sin presentar corroboración.

“El término que utiliza la fiscalía, al igual que la procuraduría, es que existen suficientes elementos de convicción; falso. No hay eso. Hay datos indiciarios, versiones, dichos de aspirantes a colaborador eficaz que deben seguir investigándose, pero no son suficientes”, insistió.

“La doctora Patricia Benavides, niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra en la presente carpeta fiscal 1228, que mantiene seis hechos imputados.”

Christian Salas, abogado de Patricia Benavides

Salas Beteta también cuestionó la falta de evidencias o elementos probatorios sobre la presunta presión de su patrocinada para archivar la investigación al congresista José María Balcázar o la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zorida Ávalos.

Agregó que las pesquisas archivadas en uno de los casos “Los Niños” no estaban comprendidos los congresistas que votaron por la mencionada inhabilitación.

Por tanto, consideró de “erróneo” afirmar que existen graves y fundados elementos contra Benavides y puntualizó que se debe descartar el impedimento de salida del país .

Sobre el riesgo de fuga, el abogado sostuvo que para formalizar la investigación preparatoria y el proceso parlamentario, no es necesaria la presencia de su patrocinada.

Incluso, alegó, si se presentara la denuncia constitucional contra Benavides ante el Congreso, es “altamente improbable” que el Parlamento apruebe este caso para que pase a un proceso judicial. Agregó que si bien Benavides está suspendida, no está destituida; por lo que “en 36 días” estará retomando su cargo en el Ministerio Público.

“Nos dice la fiscalía que no hay arraigo laboral, porque la doctora Benavides ha sido suspendida en su cargo de fiscal de la Nación. Suspendida, no destituida. La suspensión que impuso la JNJ es de seis meses. (Fue) el 6 de diciembre del 2023. En 36 días, señor magistrado la doctora Patricia Benavides está retornando su cargo en la Fiscalía de la Nación. En 36 días”, sostuvo.

Finalmente, el abogado anotó que también posee arraigo domiciliario y familiar. Y, sobre los viajes sin autorización de Benavides, cuando era fiscal, aseveró que no tenía conocimiento de ello, pero que no existía ninguna investigación contra su patrocinada por ese hecho.