La primera ministra, Violeta Bermúdez, reiteró ese domingo que el Poder Ejecutivo se tomará “el tiempo necesario” para decidir si envía o no al Tribunal Constitucional (TC) la ley que autoriza el retiro de hasta S/ 17,600 de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La normal fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
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“Nosotros, como hemos anunciado hace un par de días, estamos examinando la norma, tenemos muchas normas que estamos examinando en el Ejecutivo, así que nos tomaremos el tiempo necesario antes de decidir si planteamos o una norma de inconstitucionalidad”, reafirmó.
Retiro de AFP: Bermúdez reitera que Poder Ejecutivo se tomará “el tiempo necesario” para decidir si envían la norma al TC
El pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia con 109 votos a favor, la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta S/ 17,600 de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), luego de que fuera observada por el Poder Ejecutivo.
Durante el debate en el pleno, cuatro legisladores enviaron amenazas al mandatario, en caso decida acudir al TC y presentar una demanda. Ellos fueron César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática), Wilmer Bajonero (Acción Popular), José Vega (Unión por el Perú) y Cecilia García (Podemos Perú).
Al respecto, el presidente, Francisco Sagasti, indicó que se tomarán “el tiempo que sea necesario” para decidir si envían la ley o no al TC a fin de poner una demanda de inconstitucionalidad e impedir el retiro de fondos.
“Lo que haremos es tomarnos nuestro tiempo. Analizaremos en detalle la ley que se ha pasado por insistencia y en el momento oportuno el Poder Ejecutivo dará su opinión sobre el caso”, dijo Sagasti.
“Estamos examinando, evaluando eso (acudir al TC) con tranquilidad, no hay ningún apuro para tomar ese tipo de medidas. Lo seguimos analizando y estudiando con la calma, tranquilidad y seriedad que un tema tan delicado [merece]”, añadió.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha adelantado en fechas pasadas que recomendará al Gobierno mandar la norma al TC por los vicios de inconstitucionalidad que presenta, además de la posibilidad de dejar sin pensiones a algunos aportantes.