A fines de agosto del 2014, la Dirección Antidrogas del Perú dio uno de los “mayores golpes contra el narcotráfico” en los últimos años, según el entonces ministro del Interior, Daniel Urresti: incautaron cerca de 7 toneladas de clorhidrato de cocaína en Huanchaco, La Libertad, valorizada en US$300 millones.
Los implicados en este megacaso –entre ellos dos mexicanos– cumplen prisión preventiva desde el 2014. Hace algunas semanas, una juez en primera instancia admitió el pedido de la fiscalía para que continúe la medida por un año más.
No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones –la misma que este lunes evaluará el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia– revocó la resolución. De esta forma, los acusados por narcotráfico quedarán en libertad en menos de un mes.
–El pedido–
Cabe mencionar que, por este caso, fue allanada una vivienda en el turístico balneario norteño de José León, quien era congresista de la bancada de Perú Posible. La razón, según informaron, fue porque uno de los proveedores de la cocaína ocupaba la casa. Este hallazgo le costó al peruposibilista una suspensión del Parlamento.
Tras el operativo “Carbonero”, llamado así por la Policía debido a que las toneladas de cocaína eran escondidas en carbón de piedras y enviadas a Europa, la fiscalía pidió prisión preventiva para los detenidos. En setiembre del 2014, el Poder Judicial ordenó 18 meses para los mexicanos Rubén Larios Cabadas, Jhoseth Iván Gutiérrez León, y el peruano Néstor Porfirio Herrera Villanueva, al ser un proceso complejo y miembros de una organización criminal.
Esta orden de prisión preventiva fue prorrogada por 18 meses más, plazo que vencerá el 24 de agosto del 2017. Por esta razón, y ante la complejidad de la investigación, la fiscalía de crimen organizado solicitó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria una adecuación y prolongación de la medida por doce meses más, de acuerdo al Decreto Legislativo 1307.
Este último pedido fue admitido por la jueza Zaida Pérez Escalante. De esta forma, los principales implicados en el mayor decomiso de drogas en la última década continuarían en prisión hasta agosto del próximo año. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones presidida por el juez superior César Sahuanay, y conformada también por Jessica León e Iván Quispe, ordenó el pasado 5 de julio revocar esta resolución.
–Las razones–Según la sala, en la resolución judicial de primera instancia “se está sumando plazos que la ley no permite”. En este caso, contra los implicados existió un pedido de 18 meses y una prórroga de 18 meses más. La jueza Escalante admitió la adecuación como un plazo y una prolongación de doce más por tratarse de un caso de crimen organizado.
“Calificar dos plazos previstos legalmente como uno solo es una ficción judicial que pretende modificar la realidad soslayando un dato objetivo”, indica.
“Te encuentras preso en virtud a dos plazos previos, pero ellos en realidad forman un solo plazo y ahora te adecúo un nuevo plazo para que no tengas la impresión de que te impongo un tercer plazo”, dicen en uno de sus pies de página de la resolución referidos a la solicitud fiscal.
El pedido de la fiscalía por este caso es muy parecido al que hizo el representante del Ministerio Público contra el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez procesado por el Caso La Centralita. Hace dos meses, el Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios admitió la adecuación –dos plazos de 18 meses– y la prolongación de prisión preventiva por doce meses más.
El tribunal que preside Sahuanay indica en su resolución que, a la fecha, la fiscalía ya debió culminar la etapa intermedia y el juicio oral por el “Operativo Carbonero”.
Sin embargo, el Ministerio Público explicó en audiencia que la inclusión de dos empresas en la investigación, ha significado realizar diligencias nacionales e internacionales, así como pericias contables.
El domingo por la noche, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, rechazó, a través de Twitter, el fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones. “Mi más enérgica protesta a este duro golpe a la lucha contra el delito”, sostuvo.