El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ordenó comparecencia con restricciones para cuatro ex funcionarios de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, entre ellos Gabriel Prado, por las campañas por el No a la revocación y la reelección municipal.
De esta forma, el magistrado admitió el requerimiento solicitado por el Ministerio Público.
Según indicó la fiscalía en la audiencia, a Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima y ex presidente de Emape, se le imputa el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, como parte de una organización delictiva que estaría liderada por Villarán.
La fiscal Ángela Zuloaga afirmó que Prado creó una cuenta en la Banca Privada de Andorra con el objetivo de ingresar “dinero de la constructora Odebrecht” para financiar la campaña de Susana Villarán.
“Se le imputa que como parte de la organización delictiva de Susana Villarán de la Puente, destinada a continuar al mando [...] el señor Gabriel Prado habría creado una cuenta en la Banca Privada de Andorra la cual lo tenía como beneficiario final”, precisó.
Además, sustentó el pedido de comparecencia con restricciones para Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano Castro de Rossi y Guillermo Loli Ramírez, a quienes les imputa el delito de asociación ilícita con la creación de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, destinada -según la tesis fiscal- a recibir fondos ilícitos para la campaña por el No a la revocatoria
La fiscalía destacó que la importancia de la asociación recaía en que a través de ella se realizaban los pagos para las campañas de la ex autoridad edil.
“A través de esta organización se pagó campañas por la No revocatoria de Susana Villarán. Eso se puede corroborar con cartas de América Televisión, Frecuencia Latina y facturas de ambas empresas”, dijo.
Los documentos de América Televisión datan de julio del 2017 y enero del 2018, mientras que las de Frecuencia Latina fueron consignadas el 15 de junio de 2017.
-Defensa de Gabriel Prado-
A su turno, la defensa de Gabriel Prado se refirió a los pagos que habría realizado Odebrecht a una cuenta a nombre de su defendido.
Según dijo, los depósitos fueron posteriores a la campaña por el No a la revocación, por lo que no se podría afirmar que la cuenta fue creada con ese objetivo.
“No podemos argumentar de que esta cuenta fue creada en agosto, cinco meses después de la consulta popular de la No revocatoria para recibir dinero para esta campaña porque el millón ya había sido recibido en febrero/marzo, tal como lo dice el señor Barata”, refirió.
-En mayo, Fiscalía desistió de prisión-
El 16 de mayo, el equipo especial para el Caso Lava Jato, a cargo de la investigación a Susana Villarán por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a las campañas contra la revocatoria y por su reelección, retiró su pedido de prisión preventiva para el ex presidente de Emape Gabriel Prado y otros dos investigados.
El escrito de la fiscalía en el que se desiste de pedir la medida cautelar fue entregado a las 11 a.m. al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha el juez Jorge Chávez Tamariz, quien dispuso la prisión preventiva para Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro.
Dicho magistrado aceptó dicha petición luego de que la fiscal Ángela Zuloaga explicara que el Ministerio Público había cambiado de parecer “atendiendo a los nuevos elementos de convicción que se están evaluando”.