El panorama tributario para las empresas en el Perú acaba de dar un giro radical con la actualización del reglamento de Obras por Impuestos (OxI). Bajo el nuevo marco legal, las compañías cuentan ahora con una ventaja financiera sin precedentes: la posibilidad de liquidar hasta el 80% de sus obligaciones corrientes, incluyendo el IGV y el ISC, mediante certificados de inversión. Con este cambio, las empresas tendrán más dinero disponible en sus cuentas mientras ayudan a que las obras y servicios lleguen más rápido a las zonas que más lo necesitan. Sin embargo, acceder a este beneficio no es una concesión automática ni libre de exigencias técnicas. El Estado ha condicionado esta flexibilidad a la expansión de las intervenciones hacia sectores estratégicos y al cumplimiento de nuevos estándares de transparencia digital. Conoce los requisitos esenciales y las nuevas reglas de juego que transformarán el pago de impuestos en beneficios sociales este 2026.
Para que una organización logre aplicar sus certificados OxI sobre el 80% de sus tributos (superando el antiguo tope del 50%), debe cumplir con dos condiciones introducidas por el Ejecutivo:
La normativa actual es mucho más flexible que la anterior, ya que permite que los certificados obtenidos por las obras o servicios realizados se utilicen para cancelar una variedad de obligaciones con la SUNAT. Entre los tributos que ahora pueden pagarse con este mecanismo se encuentran:
El nuevo reglamento pone el foco en mejorar la vida diaria de las familias mediante proyectos que ofrecen resultados inmediatos. Las empresas ahora pueden financiar la construcción de viviendas en zonas rurales para reducir el déficit habitacional y llevar salud mediante telemedicina o brigadas móviles a lugares remotos.
Asimismo, se prioriza la educación a través de la conectividad digital y el refuerzo escolar, junto con la gestión directa de sistemas de agua potable para asegurar que el recurso llegue realmente a los hogares más vulnerables.
La agencia estatal se transforma en un facilitador técnico que acompaña de cerca al inversionista privado para acelerar la ejecución de las obras. Su labor consiste en brindar asesoría estratégica para que las propuestas se alineen con las metas de cada ministerio y en actuar como un puente que elimine las trabas burocráticas en las regiones.
Al centralizar la asistencia técnica, PROINVERSIÓN garantiza que los proyectos de servicios y construcción se realicen con eficiencia, logrando que el bienestar social se materialice de forma rápida y transparente, según informa Infobae.
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