La Procuraduría Anticorrupción logró que el Poder Judicial declare la nulidad de las cesiones efectuadas a terceros por los sentenciados José Enrique Luis Crousillat López Torres y José Francisco Crousillat Carreño, por un monto superior a los S/.2’200.000. Dicho monto ahora servirá para el pago de la reparación civil a favor del Estado que dichos sentenciados adeudan.
El procurador Julio Arbizu explicó que cuando años atrás América Televisión (Canal 4) entró en un proceso concursal, algunos acreedores no participaron de la correspondiente junta y, en tal sentido, estaban aptos para cobrar a la nueva empresa las acreencias que se les adeudaban.
Sin embargo, la Procuraduría investigó y concluyó que algunas de estas empresas estuvieron en manos de Crousillat y que las cesiones fueron hechas para evadir el pago de la reparación civil ordenada por el Poder Judicial.
Una de ellas fue trasladada al abogado Jorge Castro que, a su vez, la traspasó a Pablo Documet, uno de los condenados por el caso de la ‘prensa chicha’, indicó el abogado del Estado. Documet, por su parte, hizo un nuevo traslado de la empresa y su nuevo titular haría algo similar, contándose con ello cuatro traspasos, siempre a allegados a Crousillat.
Pedimos al Poder Judicial que anulara las transferencias de dinero que ya se habían empezado a hacer, por ser ilegales, indicó Arbizu. Así, la semana antepasada se consiguió la anulación de una, ascendente a S/. 2’000.000. Anteayer nos dieron la razón en otro pedido de nulidad y recuperamos S/. 200.000 más, anotó.
Todavía queda S/.1’200.000, que esperamos que sigan el mismo curso, porque se trata de un mismo tipo de acción, estimó.
Estos últimos pedidos han sido rechazados tanto por Crousillat como por Castro, con lo cual ellos mismos están poniéndose en evidencia, añadió Arbizu.
CASO VENERO Por otro lado, el procurador también anunció el desbaratamiento de la estrategia del sentenciado por corrupción Alberto Venero, de utilizar los 20 millones de dólares que fueron repatriados de sus cuentas en Estados Unidos para pagar la reparación civil que debe al Estado.
Detalló que la defensa de Venero había logrado en una primera instancia que ese dinero, que le fue decomisado y luego repatriado al Perú, se usara para cancelar su reparación civil; cuando esta persona sentenciada por corrupción debe honrar esa deuda con sus propios recursos.
Venero iba a pagar con dinero ilícito una reparación civil, cuando debe hacerlo con su plata. Lo más llamativo es que el juez Carlos Morales le dio la razón y dispuso que toda la deuda fuera liquidada con esos recursos, precisó.
Esa decisión judicial fue apelada por la Procuraduría Anticorrupción, que sustentó, ante la sala superior, que una cosa es la reparación civil a la que responde el condenado con su dinero, y otra cosa es la incautación de un bien o de una cuenta que tiene origen ilícito.
Cuando hay una incautación eso pasa directamente al Estado y el sentenciado pierde su titularidad (). Venero no podía pagar su reparación civil con dinero que fue sustraído del Estado. La sala superior nos ha dado la razón y tendrá que honrar su deuda con sus propios recursos, manifestó.
En consecuencia, añadió, ahora queda expedito el camino para rematar los bienes del referido sentenciado, a fin de cobrar su reparación civil.