ELIZABETH SALAZAR
La Contraloría General de la República ya tomó conocimiento de la denuncia que publicó ayer El Comercio, en la que se muestra al hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, reclutando gente para apoyar la revocación con la promesa de un puesto laboral en la municipalidad.
Según personal de dicha entidad, lo que corresponde es evaluar el caso y luego solicitar a su órgano ejecutor que inicie acciones de supervisión en el concejo. En este caso sería el Órgano de Control Institucional (OCI) el que evaluaría si los contratos bajo la modalidad CAS (contratos administrativos de servicios) se han hecho de acuerdo a ley.
Como se recuerda, este Diario grabó al hijo del alcalde, Carlos Burgos Quevedo, ofreciendo contratos en la planilla del CAS del concejo a los que apoyen las actividades de la revocación, como una forma de pago.
“Allí hay una infracción inmediata a la ley electoral de neutralidad política, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no puede participar activamente usando recursos municipales, ofreciendo empleo. El alcalde cree que puede hacer lo que le da la gana en ese distrito”, dijo el teniente alcalde Eduardo Zegarra.
FUERA DEL PPC Como se sabe, Carlos Burgos fue elegido y reelecto como alcalde dentro de la alianza PPC-Unidad Nacional. Al respecto, el presidente del PPC, Raúl Castro, dijo que ya no será admitido en su partido. “De ninguna manera, el señor Burgos con el PPC terminó su ciclo por completo. Es gravísima esta denuncia porque está ofreciendo puestos públicos como si fuera su negocio”, agregó.
En tanto, la vocera de Solidaridad Nacional y activista por el Sí a la revocación, Patricia Juárez, prefirió no pronunciarse. “Ese es un tema que tendrá que verlo en otra instancia. No podría dar una respuesta”, dijo.