La gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, María Jara, negó que exista alguna flexibilización de parte de la comuna en el contenido del proyecto de ordenanza que regula la prestación del servicio de taxi en la ciudad.
Como se informó, luego de que ayer se prepublicara la norma, el presidente Federación Nacional de Taxistas y Colectivos (Fentac), Joaquín Rosas, sostuvo que el municipio “se ha puesto de oferta”, aludiendo así a la coyuntura por el proceso de revocación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y sus 39 regidores. Él destacó la extensión del plazo de retiro de unidades antiguas y el descuento de hasta 80% en las multas por infracciones de tránsito. Posteriormente, dio a entender una evaluación del apoyo al Sí en la consulta popular del 17 de marzo.
Sin embargo, Jara descartó que la norma busque congraciarse con los transportistas y consideró que “en esta coyuntura es natural que haya este tipo de suspicacias”.
“No ha habido flexibilización, no estamos hablando de una norma que se venga gestando en los últimos quince días. La reforma del servicio de taxi tiene más de diez meses de venirse trabajando en una mesa técnica con los representantes de los taxistas”, manifestó esta mañana.
RETIRO DE VEHÍCULOS Y MULTAS Respecto al retiro de unidades que tengan más de 15 años de antigüedad –actualmente son más de 35 mil-, señaló que la norma fija un cronograma de retiro paulatino y ordenando.
Asimismo, detalló que el programa de reducción del pago de las multas es exactamente el mismo que se planteó en el servicio de transporte urbano cuando se aprobó la ordenanza 1599. “Lo que se está haciendo es simplemente un programa de pronto pago. Van a tener una reducción del 80% del 50% o del 30% en los siguientes meses siempre y cuando realicen el pago”, explicó.
Consultada en RPP sobre cuándo saldrán de circulación los taxis que no estén empadronados (hay más de 100 mil vehículos inscritos), solo respondió que se está culminando la contratación de 600 inspectores para que sancionen a aquellos conductores que no cumplieron con registrarse en los tres meses que se habilitó el padrón, que actualmente está cerrado.