La semana pasada, diez personas murieron por accidentes de tránsito en una sola noche en Lima. Este hecho vuelve a poner en el tapete el tema de la seguridad de las carreteras peruanas, el cual es sin duda un importante asunto de salud pública.
Para que un hecho que ocurre en la sociedad sea considerado un problema de salud pública deben cumplirse cuatro condiciones: que ocurra amplia y frecuentemente; que cause severa discapacidad, sufrimiento y muerte; que pueda ser controlado con métodos efectivos; y cuya solución sea aceptable para la sociedad. No hay que ser un experto para darse cuenta de que los accidentes de tránsito en el Perú cumplen esas condiciones.
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Recientes estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) revelan que, después de un récord de 3.531 muertes en las carreteras en el 2011, se han registrado 2.965, 2.696, 2.826 y 3.245 muertes en el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018, respectivamente. Es decir, nueve peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más de la mitad tiene entre 26 y 60 años. Eso supera los muertos por inseguridad ciudadana.
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Contar las muertes causadas por accidentes de tránsito en un país es relativamente sencillo. Basta con tener un sistema más o menos organizado de vigilancia policial y hospitalaria para calcular ese número de muertes. Pero esos números absolutos no tendrían valor si no se los relaciona con el número de habitantes de un país o región.
Para eso es necesario calcular una tasa, la que se expresa como el número de muertes (en este caso por accidentes de tránsito) que ocurren durante un año por cada 100 mil habitantes de un país. No es lo mismo que ocurran 25 muertos al año en un país Z, que tiene 100 mil habitantes, a que ocurran 50 muertes en un país Y, que alberga 300 mil habitantes. Si solo comparamos los números absolutos, podría pensarse que la situación del país Y es peor que la del país Z porque tiene el doble de muertes al año (50 versus 25), pero lo cierto es que el cálculo de las tasas revela que el impacto letal de los accidentes en el país Y es mucho menor que en el país Z. Eso porque Y tiene tres veces más habitantes que Z. Al respecto, las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en Cusco y Arequipa son, por ejemplo, casi cinco veces más altas que las de Lima.
De acuerdo con el último cálculo de las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en 180 países, hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018, la tasa de mortalidad promedio para países desarrollados es de 9,3 muertos al año por cada 100 mil habitantes, de 18,4 para países de ingresos medios y 24,1 para los de ingresos bajos. África es campeón mundial con 26,6, seguido por Asia, con 17, y las Américas, con 15,6. Europa solo tiene 9,3 muertes por 100 mil habitantes.
En América del Sur, Brasil tiene la tasa más alta con 23,4; seguido por Bolivia, con 23,2; Paraguay, con 20,7; Ecuador, con 20,1; Colombia, con 16,8; Uruguay, con 16,6; Perú, con 13,9; Argentina, con 13,6; y Chile es el país con menor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, con 12,4. Estados Unidos tiene 10,6 y Canadá 6,0. El campeón mundial es Tailandia, con 36,2 muertes por 100 milhabitantes. Según el mismo reporte, en el 2016, 1,35 millones de personas murieron por accidentes de tránsito en el mundo.
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A pesar de que los países de bajos recursos tienen menos del 1% de los vehículos del mundo, 13% de las muertes por accidentes de tránsito ocurre en ellos. Eso se debe a que el transporte público en esos países –el Perú, entre ellos– es deficiente, no respeta las reglas de velocidad, sobrepasa la capacidad de los vehículos y transporta a la gente como si fueran bultos de carga. También contribuyen la falta de castigo propiciada por autoridades corruptas y la circulación de vehículos viejos, sin mantenimiento y propensos a los accidentes.
La razón fundamental de todos esos problemas es una evidente incapacidad para diseñar e implementar programas preventivos de seguridad en las carreteras. Al respecto, un estudio suizo encontró que por cada dólar que se invierte en prevención de accidentes viales, se ahorran 15 dólares en el futuro. Pero como autoridades y políticos –al igual que ocurrió con el caso de la alimentación saludable– no ven más allá de sus narices, no tienen el apetito para invertir en prevención.
Por último, la mayoría de los habitantes de países de bajos y medianos ingresos económicos carece de cultura de educación vial. En ese sentido, mucha gente cree que el manejar un vehículo, o usar una calle o carretera, es una actividad a la que tiene un derecho absoluto, y hace valer ese derecho de acuerdo con el tamaño y potencia de su vehículo.
No se dan cuenta de que el manejar y usar una calle o carretera es un privilegio que les brinda la sociedad y que la condición fundamental para ejercerlo es el respeto por la seguridad propia y de los demás. El día en que nuestras instituciones aprendan a respetar a sus ciudadanos y que los ciudadanos aprendamos a respetarnos los unos a los otros, sin duda que las cosas mejorarán.
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