Desde que el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos entro en vigencia en abril del 2019, el Ministerio de Justicia (Minjus) ha recibido 29 solicitudes para la activación de este mecanismo. De este total, 18 casos corresponden a defensores de derechos ambientales y derechos de los pueblos indígenas en 15 regiones del país.
“Son 29 casos que involucran entre 90 a 100 personas. La mayor parte se refiere a defensores ambientales e indígenas”, señala Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con información del Minjus, las regiones con mayor cantidad de casos son Lima, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. “Para temas de defensores, Ucayali es el punto neurálgico. La frontera entre Pasco, Huánuco y Ucayali es una zona crítica”, comenta Rodríguez.
Durante los primeros once meses en los que estuvo vigente el protocolo, entre abril 2019 a marzo 2020, hubo 11 solicitudes para activar el sistema de protección —continúa Rodríguez—, en este segundo año se sumaron 16 casos y hubo 7 asesinados. “Lo que está pasando a partir de marzo, en el segundo año del protocolo, durante la pandemia es que los comuneros están haciendo el control porque hay un avance de los grupos criminales”.
En el 2020, cuatro indígenas fueron asesinados en las comunidades ubicadas en esta triple frontera, y en lo que va del 2021 se han sumado otros dos.
Desde el 22 de abril, sin embargo, ha entrado en vigencia el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, un sistema que reemplaza al Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, aprobado en abril de 2019 y que acogió los 29 casos para proteger a defensores de derechos humanos, ambientales e indígenas que existen actualmente en el Ministerio de Justicia.
El Protocolo ha sido una herramienta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que permitió la creación del primer Registro oficial de denuncias de ataques en contra de personas defensoras o situaciones de riesgo concretas, además que establecía deberes concretos para el Estado como garantizar las medidas necesarias para la protección de estas personas. Ahora, con el Mecanismo aprobado el 21 de abril de 2021 se amplía la acción del Estado en la protección de los defensores de derechos humanos y ambientales puesto que se involucra a otros sectores del gobierno en respuestas puntuales ante las amenazas y agresiones.
Las amenazas en la comunidad nativa Sinchi Roca
Las estadísticas del Ministerio de Justicia sobre los casos que han solicitado la activación del protocolo de protección de defensores indican que son cuatro los casos vigentes en Huánuco y Ucayali, todos referidos a la defensa de derechos de pueblos indígenas.
Recientemente una nueva alerta llegó del pueblo cacataibo en la zona de frontera entre estas dos regiones. La comunidad nativa de Sinchi Roca, ubicada entre Huánuco y Ucayali, denunció que dos de sus integrantes fueron víctimas de atentados. La información se hizo pública a través de un comunicado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
El primero de ellos ocurrió en la cabaña instalada en el campo de cultivo del agente municipal de la comunidad de Sinchi Roca, cuenta un exjefe de esta comunidad, que pide mantener en reserva su nombre por seguridad.
El hecho ocurrió el 14 de abril, cuando un grupo de personas llegó hasta la cabaña buscando a su propietario, pero no lo encontraron. Entonces —explica el líder indígena— incendiaron la cabaña, destruyeron sus herramientas y mataron a sus gallinas.
El exdirigente de Sinchi Roca también cuenta que esas mismas personas retuvieron y golpearon a otro comunero que encontraron cerca del lugar. “Se lo llevaron y lo golpearon, le preguntaron por el agente municipal y le dijeron que lo iban a matar”.
Según el exjefe de la comunidad Sinchi Roca, las amenazas provienen de personas involucradas en el narcotráfico, en represalia a una intervención que hubo en julio de 2020, cuando comuneros de Sinchi Roca detuvieron una embarcación que trasladaba droga.
En ese momento, los comuneros vigilaban el río Irazola, que pasa por la comunidad, como parte de sus medidas de prevención y control por la pandemia. “Ese día apareció una embarcación que salió de uno de los afluentes del río y lo detuvimos sin saber lo que transportaba. Decomisamos parte de lo que llevaban y detuvimos a algunos de ellos”, cuenta el líder indígena. Luego de la intervención —asegura el dirigente Cacataibo— los llevaron a la comisaría, pero luego fueron liberados. Desde entonces, los 16 comuneros que participaron en este hecho han sido amenazados.
El mayor Cesar Augusto Villanueva Ramos, quien se desempeñó como comisario de la ciudad de San Alejandro, en el distrito de Irazola —al que pertenece Sinchi Roca en Ucayali—, señala que han programado una visita a la comunidad para constatar la denuncia que hizo ORAU.
Sinchi Roca es una de las comunidades más deforestadas en la frontera entre Ucayali y Huánuco, según un estudio realizado por el Instituto del Bien Común (IBC). Según esta investigación, la comunidad nativa de Sinchi Roca había perdido casi 3000 hectáreas de bosques entre el 2000 y 2015. “En Puerto Nuevo, como también en las comunidades nativas vecinas de Sinchi Roca y Sinchi Roca II —ambas se encuentran juntas—, la deforestación se observa sobre todo bordeando sus límites, lejos de los asentamientos indígenas”, indica el estudio.
“La comunidad nativa de Sinchi Roca es una de las más deforestadas del pueblo Cacataibo y también es una de las más pobladas”, señala Sandra Ríos, investigadora de IBC y una de las autoras del mencionado estudio.
Ríos también indica que en más de una ocasión se han presentado este tipo de intervenciones de parte de los comuneros. “Han intervenido a madereros a quienes les han quitado motores y sierras. Sin embargo, los comuneros necesitan conocer cómo son los procesos en situaciones como estas”, señala Ríos en relación al incidente que se presentó en julio 2020 con los traficantes de drogas.
A esto se suma que en febrero de este año, Herasmo García Grau, de la comunidad nativa Sinchi Roca, fue asesinado. El joven de 28 años de edad fue secuestrado el 25 de febrero, y un día después encontraron su cadáver con impactos de bala.
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Coordinación multisectorial contra las amenazas
“Hemos tenido una reunión con cuatro ministros”, señala a Mongabay Latam Herlin Odicio, de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), sobre el encuentro que ocurrió el martes 27 de abril entre líderes indígenas y los ministros del Interior, José Elice Navarro; de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna; del Ambiente, Gabriel Quijandría; y de Cultura, Alejandro Neyra.
Odicio señala que en la reunión con los ministros se acordó que una comisión multisectorial viaje a Pucallpa y se traslade a la zona del conflicto. “Les hemos dicho a los ministros que no es algo que está sucediendo ahora, que antes hemos venido con el mismo Arbildo”, señala el líder indígena para recordar las denuncias que hizo Arbildo Meléndez, el líder indígena cacataibo, jefe de la comunidad Unipacuyacu, asesinado en abril de 2020.
El dirigente de Fenacoca también menciona que Sinchi Roca es una de las comunidades que ha sido invadida por el narcotráfico. La misma situación enfrentan las comunidades de Unipacuyacu, Puerto Nuevo, y Santa Martha, todas ubicadas en la zona de frontera entre Huánuco y Ucayali.
El líder indígena cuestiona la manera cómo han funcionado los mecanismos de protección para los defensores ambientales hasta ahora. “Nos entregan las garantías para nuestras vidas, pero en el papel, porque en la práctica no existen. Me dicen que comunique dónde estoy. De lejos me cuidan”, agrega el líder indígena que también vive amenazado.
“Están descontentos porque hasta ahora solo actuaba el Ministerio de Justicia. Ahora tenemos esta nueva herramienta”, dice Edgardo Rodríguez del Minjus sobre el mecanismo multisectorial que acaba de ser aprobado. “En los próximos 10 días habrá una visita de los ministros a Pucallpa. El tema de la protección de los defensores es una de nuestras preocupaciones”, agrega.
Rodríguez también señala que se busca enfrentar el fondo del problema, es decir, “el avance de narcotráfico”. A partir de los tres asesinatos ocurridos entre marzo y abril —continúa Rodríguez— estamos viendo patrones del porqué los están matando. “Necesitamos una estrategia que es un cambio de lógica, un esfuerzo de protección comunitaria, de estructurar redes, convocar a las autoridades. Entre todos tenemos que servir a una causa común”, finaliza el representante del Ministerio de Justicia.
En octubre de 2020 se instaló una mesa técnica en Pucallpa, Ucayali, para atender las amenazas y los problemas que enfrentan las comunidades indígenas, ahora, con la comisión formada por los cuatro ministerios y la aprobación del mecanismo multisectorial se pretende fortalecer este trabajo y atender los problemas que están detrás de estas amenazas y asesinatos.
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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