La Defensoría del Pueblo se manifestó en contra de la decisión del director del Penal de Lurigancho de rapar el cabello de los casi 8 mil reos que tiene a su cargo. Como se informó, el coronel de la Policía, Tomás Garay, justificó su medida arguyendo que existen presos que aprovechan “su cabellera larga para disfrazarse de mujeres y escapar”.

La Defensoría informó que su jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, José Ávila, envió una carta al coronel recomendándole dejar sin efecto su decisión.

El comunicado señala que “la decisión de obligar a los internos a cortarse el cabello a juicio de la Defensoría del Pueblo no es objetiva, razonable y proporcional, y constituye una medida que no sólo configuraría un trato humillante y degradante, sino que también afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad e integridad física de las personas privadas de libertad”.

Asimismo, Ávila también considera que se podría contribuir a generar estereotipos negativos hacia los presos, lo que además podría afectar su reinserción social.

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Contenido de El Comercio Perú