CECILIA ROSALES FERREYROS / MIGUEL VIVANCO

Washington/Lima. El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, enfatizó ayer la preocupación de la comisión de que se restrinja su capacidad de “acudir a donantes” externos al organismo y a los estados, como proponen Ecuador y otros países. Hoy los cancilleres verán ese punto en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

“Si se impide que la comisión [CIDH] reciba estos apoyos, nos preocupa que se propicie el estrangulamiento financiero de la comisión”, dijo Orozco en Washington.

Más categórica fue la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero. Ella explicó: “lo ideal sería que hubiera un fondo permanente, pleno y vigoroso que le permitiera a la comisión cumplir todas sus responsabilidades de manera completa”; pero como eso no es así, el órgano “tiene que salir a buscar fondos”.

“Si a la Relatoría de la Libertad de Expresión no le permiten hoy, tal y como están las cosas, acceder a estos recursos, hay que cerrar esta oficina”, que depende enteramente de contribuciones voluntarias al no formar parte del presupuesto regular de la OEA, sentenció Botero.

Y es que días antes ya se había advertido que la autonomía financiera de la CIDH y la independencia de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión podrían tener “las horas contadas” si los cancilleres reunidos hoy en la OEA deciden apoyar el pedido de Ecuador para que el mencionado ente se financie únicamente con el presupuesto regular y no con las contribuciones voluntarias de los estados miembros.

Al cierre de este despacho, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño sostenía un reunión privada con un grupo de embajadores y cancilleres de los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos (entre ellos el Perú) para convencerlos de aprobar una resolución con restricciones más drásticas para la CIDH, lo que limitaría sus funciones.

Otro de los pedidos polémicos es que se proceda al cambio de sede de la CIDH. El canciller Patiño dijo hace poco que se está conversado, para “crear una instancia de derechos humanos en la Unasur”.

CARTA A RONCAGLIOLO En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana remitió ayer una carta al canciller Rafael Roncagliolo recordándole que en dos reuniones sostenidas con este organismo (enero y junio del 2012) manifestó su apoyo al trabajo de la relatoría de la libertad de expresión. También le recuerdan que dicho organismo contribuyó invalorablemente a la defensa y garantías de las libertades fundamentales durante el gobierno de Fujimori y la lucha por la recuperación de la democracia. En esa época, Roncagliolo era secretario general de la asociación civil Transparencia.

En la carta –que copian al presidente Ollanta Humala y al jefe del Gabinete, Juan Jiménez,– exhortan al ministro a que se oponga rotundamente a cualquier intento que pudiera menoscabar el funcionamiento de la relatoría.

DEFENSORÍA PIDE ASEGURAR RECURSOS El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló ayer que es necesario garantizar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pueda seguir contando con los recursos y contribuciones voluntarias con las que actualmente cuenta.

Vega recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, en particular la Relatoría para la Libertad de Expresión, ha desempeñado un rol protagónico en la protección de los derechos humanos y la defensa de la institucionalidad democrática en nuestra región”. Indicó que “toda propuesta de reforma debe estar orientada a garantizar efectivamente el fortalecimiento del sistema y de sus principales órganos”.

OBJETIVO ES DEBILITAR EL SISTEMA El periodista Álvaro Vargas Llosa consideró que la reunión de cancilleres que se celebrará hoy en Washington (EE.UU.) “no tiene nada que ver con mejorar el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sino debilitar todos un sistema de protección de derechos humanos y libertad de expresión en el continente”.

Afirmó que los países del ALBA han puesto en marcha una operación dirigida a “debilitar” la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “Ecuador ha propuesto cambios que no tienden a fortalecer ni a la comisión [CIDH] ni a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Otros países del ALBA piden medidas semejantes para debilitarla”, manifestó.

Agregó que espera que el Perú “y otros países impecablemente democráticos no lo permitan”.