Casi la mitad de los facilitadores de la otrora comisión de indulto eran apristas

GERARDO CABALLERO

La otrora Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (desapareció el 2010 al fusionarse con otras para dar paso a la Comisión de Gracias Presidenciales) fue prácticamente una agencia de empleos del Partido Aprista Peruano (PAP). Durante el gobierno de esta agrupación, se crearon los cargos de facilitador, orientador y promotor legal para inflar las planillas. En julio del 2009 (cuando no existían estos cargos), había solo seis trabajadores con contratos de adquisición de servicios (CAS). Para noviembre, eran 37, de los cuales –según ha constatado este Diario– al menos 18 estaban vinculados al PAP.

Ellos son Isabel Aguilar Díaz, César Bejarano Aguilar, Jorge Bayes Melgarejo, Fernando Bellido Reyna (candidato a regidor en el 2010), Manuel Carrera Toribio, Renato Dávila Asín, Edwin García Paredes, Jonh Herrera Trejo, Sergio Huaco Pacheco, Alfredo Lizárraga Garay, Carmen Morales Pérez, Omar Oliva García, Hugo Pascual Rojas, Edgard Soto Sandoval, José Vicente Candela (de hermano aprista), Freddy Vilela Mijahuanca, Giancarlo Villena Mendoza y Jorge Zegarra Miranda.

En los años siguientes del gobierno de Alan García llegaron a ser 40. Se les sumaron, por ejemplo, otros apristas como César Rivero Medina y Manuel Huamán Montenegro. El Comercio denunció ayer que este último, contratado como promotor legal, purgó cárcel por narcotráfico.

NO LES RENUEVAN EL CONTRATO Esta burocracia se mantuvo en la planilla estatal hasta iniciado el gobierno del presidente Ollanta Humala, aunque fueron siendo cada vez menos los contratados.

Eran 20 –de los cuales 8 eran apristas, entre ellos el condenado por narcotráfico– cuando en junio del 2012 llega al Ministerio de Justicia la denuncia de un interno del penal de Lurigancho apellidado Coba Rodríguez. Él aseguraba que un año antes había pagado S/.800 a dos promotores de la comisión de indultos.

El 3 de julio el entonces ministro de Justicia y ahora presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, decidió declarar en reorganización la referida comisión y evaluar a todo el personal. Como los contratos habían vencido el 30 de junio del 2012, decidió no renovarlos.

REACCIÓN APRISTA Luego de que El Comercio revelara que uno de los promotores de la comisión de indultos fue encarcelado por narcotráfico, ninguno de los parlamentarios apristas dio la cara en el Palacio Legislativo. Miguel Facundo Chinguel, presidente de esa comisión, tampoco nos respondió el teléfono. Sin embargo, en entrevista con RPP aseguró que Huamán solo era un trabajador más “de los 43 promotores que estuvieron ahí”.

También afirmó que asume la responsabilidad por cada uno de sus actos. “En esto no tiene nada que ver Alan García”. Asimismo, dijo que Jiménez Mayor sabía que Manuel Huamán trabajaba en la comisión de indultos. “El 3 de julio del 2012 se lo comunicaron y no lo denunció”, remarcó.

MÁS DATOS ¿ERAN PROFESIONALES? Los facilitadores y orientadores no tenían que ser profesionales. En el 2009, cuando se creó esta burocracia en la comisión de indultos, sus sueldos iban de S/.533 a S/.1.667. Al año siguiente, estos mismos trabajadores ganaban entre S/.1.800 y S/.2.000.

¿QUÉ HACÍAN? Según Miguel Facundo Chinguel, iban a los penales a repartir las solicitudes de indulto, recogían los informes psicológicos y “promocionaban” la comisión de indultos.

CÁRCEL POR NARCOTRÁFICO El abogado Manuel Huamán, quien purgó cárcel por narcotráfico hasta el 2008, ingresó a trabajar al Ministerio de Justicia al año siguiente. Ganaba S/.2.500. Él no era facilitador, sino promotor legal.