Acuerdo Gobierno a Gobierno para Chavimochic III se firmaría el próximo año: ¿qué dudas deja el proyecto?

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, anunció que el contrato del G2G estaría firmado el próximo año.

“El modelo G2G nos permitirá trasladar el ‘know how’ y nos permitirá el otro año tener un contrato firmado”, señaló en la conferencia de prensa en la que se presentó la licitación.

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Dentro del G2G no se contemplan las obras del canal madre que trasladará el agua de regadío entre las tres provincias en las que se ubicará el proyecto. A través de un comunicado dirigido a El Comercio, el Midagri indicó que el Gobierno Regional (Gore) de La Libertad se encargará de esta etapa clave del proyecto.

“La propuesta de consenso entre Midagri y el Gore de La Libertad es que este último se ocupe de la ejecución del canal madre. Esta semana el Consejo Regional estaría aprobando la adenda [que trasladará la titularidad del proyecto]. [...] La ejecución de la obra del canal será a través de la modalidad de Asociación Público-Privada (APP)”, afirmó la entidad.

Además, el Midagri explicó que los terrenos del canal están en posesión del Gore y que una vez se apruebe la adenda “deberán ser saneados”.

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Cabe recordar que el contrato original del proyecto caducó a finales de año pasado luego de que se resolviera un arbitraje interpuesto por el anterior concesionario, el Consorcio Chavimochic, integrado por OEC (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero). Entre otras cosas, la empresa demandó al Estado por la demora del Gore de La Libertad en la entrega de terrenos del proyecto. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) falló a favor de la demanda, pero también reconoció incumplimientos contractuales del concesionario. Tras la culminación del contrato, las obras regresaron al control del Gobierno.

Durante la conferencia tampoco se definió cómo se realizará la operación y mantenimiento del proyecto.

Para Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura en EY, la entidad fue poco clara con la presentación del proyecto, pues no brindó fechas concretas sobre las distintas fases del proceso.

“Me hubiera gustado más concretar fechas, plazos, cronogramas. También me hubiera gustado que sea más clara la ministra respecto a qué cosa se va a licitar. No se especificó en ningún momento si el proyecto no incluiría el canal madre, lo que generó confusión”, cuestionó.

Asimismo, criticó la decisión de que el canal madre sea realizado por el Gore de La Libertad, ya que esta entidad ya tuvo el control del proyecto anteriormente a través de una APP y no lo pudo gestionar adecuadamente.

“Dada la experiencia del Gore, que actúa a través del Proyecto Especial Chavimochic, dudo que pueda lanzar un proyecto de APP y que halle actores interesados. Se me hace más lógico que lo haga el Midagri, el Gobierno Central. [...] Aunque lo ideal hubiera sido que todo lo haga el G2G”, dijo.

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En tanto, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, coincidió en que hubiera preferido que todo el proyecto fuera gestionado por el Gobierno Central y resaltó que la presentación de mismo omitió mencionar cómo se operaría.

“No es ideal comenzar con la construcción de una parte de la infraestructura sin saber qué se va a hacer con la segunda parte ni saber cómo se va a operar o mantener. Este tipo de infraestructura compleja debería ser manejada por el Gobierno Nacional y no por los Gores porque no tienen las capacidades al no haber sido entrenados para eso”, señaló.

Asimismo, agregó que el Midagri debió de ser más claro en su presentación de proyecto para que no hubiera malentendidos.

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Por su parte, Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU, advirtió que puede ser riesgosa la decisión de construir el canal madre separado de G2G, pues los tiempos pueden perjudicar la operación final del proyecto.

“Puede darse un escenario de que se entregue la obra del G2G y que no se haya solucionado del todo la construcción del canal madre. [...] Me preocupa que los tiempos de ejecución del canal madre sean distintos a los tiempos que tenga el resto del proyecto y nos podamos encontrar con [el G2G] terminado, pero que falte una parte encargada al Estado para que pueda ser ejecutado. Esto generará costos por demoras, también por las demoras del mantenimiento”, afirmó Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU.