Infraestructura
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Quizá  y resulten lo más recordado del 2017 cuando se hable de infraestructura pero, valgan verdades, el cierre de la que por varios años ha formado parte de la agenda de diferentes gobiernos de turno –incluido el actual– demanda acciones inmediatas si se aspira a disminuir en algo el saldo aún pendiente.

Según cálculos de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha en infraestructura supera los US$165.000 millones, sin contar los US$6.400 millones que representaron los daños ocurridos tras El Niño costero.

Con un gobierno, que hacia finales del 2016 pregonaba el destrabe de importantes proyectos de infraestructura como parte del plan de acción que ejecutaría durante el año que acaba de terminar, ¿cómo despedimos el 2017 y cómo iniciamos el 2018?

El gasoducto sur peruano (GSP) se encuentra en etapa de liquidación luego de que el Estado rescindiera el contrato. Se estima que la nueva licitación del proyecto se concretará a inicios del 2018. (Foto: Reuters)
El gasoducto sur peruano (GSP) se encuentra en etapa de liquidación luego de que el Estado rescindiera el contrato. Se estima que la nueva licitación del proyecto se concretará a inicios del 2018. (Foto: Reuters)

Para empezar, de la lista de 55 proyectos priorizados (US$15.000 millones) por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hacia finales del 2016, el 2017 apenas alcanzó para movilizar (con adendas y acuerdos) parte del monto comprometido. Pero si analizamos el avance físico de las obras, la lentitud salta a la vista, y prueba de ello es la segunda pista de aterrizaje del Jorge Chávez.

Para empeorar las cosas, dos importantes proyectos de infraestructura (gasoducto del sur y el aeropuerto de Chinchero) no terminaron de ver la luz. Con esos antecedentes, apenas dos meses después de haber dejado su cargo (en agosto, para ser más exactos), el ex ministro de Economía Alfredo Thorne reconoció que el prometido destrabe de proyectos de inversión (US$10.000 millones) no se logró.

Y, con ello, el impacto en los números resulta más que notorio: en el 2017 la inversión privada habría crecido apenas 0,6%, y la pública pasó de una proyección de 7% (setiembre 2017) a 6%, según cifras del BCR.

(Foto: Jessica Vicente/ El Comercio)
(Foto: Jessica Vicente/ El Comercio)

PERSPECTIVAS

Aun así, el propio BCR prevé un mejor escenario para el 2018. Mientras la inversión privada retomaría la senda del crecimiento con una expansión de 6,5%, la inversión pública duplicaría los resultados obtenidos en el 2017 y evolucionaría 12,5%. De esta manera, para el ente emisor, la recuperación de la inversión privada contribuiría al mayor crecimiento del PBI en el 2018.

Para ello, y como ha repetido en más de una ocasión Gonzalo Prialé, en su calidad de presidente de AFIN, urge contar con un plan nacional de infraestructura, pero basado en una apropiada selección y priorización de proyectos consensuados, que cierren brechas y no correspondan a impulsos políticos.

Mientras que por el lado de Pro Inversión, a más de un año de su anunciada reestructuración, fortalecimiento y descentralización, resulta necesario -como ha insistido Flavio Ausejo, profesor de la UP- trabajar en un verdadero fortalecimiento institucional de la agencia si se quiere lograr resultados en la ejecución presupuestal.

Aunado a ello, habría que poner el ojo también –como sugiere EY– en las trabas posadjudicación, sobre todo porque representan un problema importante para el éxito en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Sobre ese punto, AFIN había calculado que solo en el 2016, nuestro país dejó de invertir alrededor de US$1.800 millones por retrasos en tres proyectos: Gasoducto Sur Peruano, Chinchero y Línea 2. Con dos de ellos cancelados, los números del 2017 difícilmente resultaron más auspiciosos. Por ello, y como coinciden varios expertos, en el 2018 hay que echar a andar la máquina. Ojalá y la convulsión política lo permita.

EL RETO DE SEGUIR INVIRTIENDO

Brecha sectorial
De los más de US$165.000 millones calculados por AFIN, el sector transportes representa la mayor parte y su brecha ascendería a US$57.499 millones (sin El Niño costero). Energía y telecomunicaciones se encuentran en segundo lugar.
Presupuesto
Según un estudio de AFIN, el gobierno debe destinar 8% anual del PBI (US$15.955 millones) al cierre de la brecha en infraestructura. Pero como estamos bastante alejados de esa meta, el gremio sugiere empezar con destinar un 3,5% en APP.

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